Acuerdo político e independencia judicial

El acuerdo consta de dos partes que habrán de formalizarse en una misma sesión plenaria del Congreso en julio. Por un lado, se incluyen los nombres de los veinte nuevos vocales que han sido propuestos a partes iguales por ambos partidos. Cabe pensar que se ha respetado el mutuo derecho de veto y los designados suscitan el apoyo real de las dos partes. La inmensa mayoría de los vocales proceden de las carreras fiscal y judicial y no figura ningún jurista de perfil partidista que haya desempeñado cargos políticos.

Junto a la renovación, el otro elemento esencial del acuerdo es el anuncio de la inmediata presentación de una proposición de ley orgánica para reforzar la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. La proposición encarga a los nuevos vocales elaborar una propuesta de reforma del método de elección de los vocales del CGPJ que respete las exigencias de la Comisión Europea y sus recomendaciones de que sean los propios jueces quienes elijan a la mayor parte de los vocales de su órgano de gobierno. Propuesta que habrá de ser adoptada por acuerdo de tres quintos de los nuevos vocales. En la medida en que las decisiones más relevantes del CGPJ han de ser adoptadas por esta mayoría cualificada se impone el consenso como forma de actuación frente a imposiciones de mayorías coyunturales.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal se establece la prohibición de nombrar fiscal general a quien durante los cinco años anteriores haya ocupado un cargo público nacional o autonómico (ministro o parlamentario nacional, consejero o parlamentario autonómico). Con esta regulación, la exministra Dolores Delgado no habría podido ser promovida a la cúpula de la Fiscalía.

En este escenario, la responsabilidad que adquieren los nuevos vocales del CGPJ es máxima. En las próximas semanas habrán de realizar más de noventa nombramientos para los puestos más relevantes de la judicatura, incluidos veinticinco de los setenta y nueve magistrados que integran el Tribunal Supremo. Si siguen criterios objetivos de mérito y capacidad y llevan a cabo los nombramientos por mayorías muy amplias, los vocales se ganarán una legitimidad de ejercicio que es incluso más decisiva que la de origen que le proporcionará su designación por las Cortes. Desde esta óptica, la verdadera prueba para el prestigio del CGPJ será la elección de su propio presidente que lo será también del Tribunal Supremo. En esta elección, los partidos no deberían jugar ningún papel. Los vocales tras las oportunas deliberaciones deberían elegir como máxima autoridad judicial de España a un jurista de reconocido prestigio y acreditada independencia.