La industria potenciará el equipamiento militar como palanca del plan de defensa

El próximo miércoles, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dará cuenta en el Congreso de los detalles del llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Un documento que destinará a cinco grandes partidas el total del gasto previsto, dos de las cuales copan el 66%: la mejora de las condiciones y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y el desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad.

En suma, 3.721 millones (el 35% del total) irán destinados a la actualización del material de protección de los soldados y a las mejoras de sus condiciones de vida. Una actividad donde la industria nacional pondrá su esfuerzo productivo a corto plazo, una vez que se ejecute la inyección económica del Gobierno, según fuentes de la patronal.

Más de 300 empresas, muchas de ellas pymes –representan el 85% del tejido industrial a la sombra de las tres grandes tractoras: Airbus, Navantia e Indra, que suman el 67% del peso productivo–, se deberían beneficiar de esta inversión. Un plan que «abre una oportunidad única para las pymes, que ya han demostrado su capacidad de respuesta en crisis como la guerra de Ucrania, dotando a su ejército con cascos, visión nocturna y mantenimiento», señalan desde Aesmide, la asociación que agrupa a 70 contratistas con el Ministerio de Defensa, la administración pública y otros Estados, de las cuales 46 son pequeñas y medianas empresas.

Estas compañías son esenciales por su flexibilidad y capacidad tecnológica. Además, suministran productos o servicios al sector, generando unos 3.000 empleos directos y facturan unos 560 millones. Estas distribuidas en los corredores industriales Norte, Centro-Mediterráneo, Sur y el emergente La Plata (Asturias-Sevilla), refuerzan la cohesión territorial. Proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, la Unidad de Drones de la UME en León y el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en Jaén generan oportunidades locales de alto impacto.

Para canalizar la inversión el Gobierno creará un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica y un Consejo Asesor, que estará coordinado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y contará con representantes de la industria, la academia, los centros de investigación y desarrollo inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector.

El Ejecutivo busca que esté plan sea «a largo plazo» y, por ello, contempla la puesta en marcha de 31 nuevos programas especiales de modernización, que se unirán a los más de 50 en curso, y que movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030.