El idilio del Govern de Illa con la patronal Foment se rompe por no pactar con Junts

Illa celebrará dentro de una semana el año transcurrido desde su victoria electoral en las autonómicas del 12-M. Obtuvo 42 escaños (sobre 135 del Parlament), siete más que Junts. En agosto, fue investido presidente catalán tras el pacto con ERC y los comunes cimentado en la financiación «singular» para Cataluña. Los sectores económicos y empresariales catalanes saludaron la llegada de los socialistas al Govern. Tras más de una década de gobiernos independentistas, el mundo del dinero respaldó la agenda de normalización política puesta en marcha por Sánchez e Illa, que se visualizó con el regreso de algunas de las grandes firmas catalanas que huyeron tras el 1-O como Fundación La Caixa o el Sabadell.

Pero este idilio se ha acabado. La luna de miel del Govern con el mundo de la empresa ha llegado a su fin, al menos en lo que respecta a la gran patronal Foment, que forma parte de la CEOE. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ex número dos de CiU en el Congreso, se despachó días atrás a gusto contra el Gobierno de Illa. Afirmó que el «populismo legislativo» del «tripartito encubierto» (PSC, ERC y los comunes) provocará «miseria» y «decrecimiento» a Cataluña. Sánchez Llibre cargó contra la política fiscal y de vivienda del Ejecutivo catalán. El exdirigente de Unió, que mantiene interlocución con Carles Puigdemont en Waterloo, reprochó a Illa sus pactos con los grupos de izquierdas (también con la CUP) y se mostró partidario de que el PSC gobierne de la mano de Junts. E incluso dijo que trabajará para forjar esta alianza, el escenario preferido por las élites económicas, porque aseguraría tirar hacia delante de algunos de los grandes proyectos pendientes como la ampliación del aeropuerto del Prat, a la que se oponen ERC y los comunes.

Ese pacto entre el PSC y Junts se antoja a día de hoy imposible, mientras Sánchez se mantenga al frente del Gobierno y sigan pendientes parte de las carpetas acordadas en el pacto de investidura. Junts, de hecho, está endureciendo su oposición al Govern y se ha sumado a Foment al calificar al Govern de «tripartito encubierto». Illa trata de evitar las declaraciones subidas de tono, pero días atrás, replicó con contundencia a Sánchez Llibre, después de que éste afirmara que con el apagón se había acabado el debate negativo sobre las nucleares. «Precipitadas y poco rigurosas», le espetó sobre sus palabras.

La debilidad parlamentaria de los socialistas ha obligado a Illa a elegir socios: ERC y los comunes, aunque ambos sigan sin apoyar los primeros Presupuestos del Govern socialista. Por ello, la patronal le ha mandado el primer aviso. Está por ver si el Cercle se suma a las críticas de Foment. Illa se juega sus relaciones con el 'establishment' económico en la opa al Sabadell, a la que se opone todo el tejido empresarial catalán.

Este mundo, no obstante, no solo se ha girado contra Illa. También contra Junts, después de que el consejero designado por Puigdemont en el consejo de la CNMC votara a favor de la opa el pasado miércoles. Junts afirma que está radicalmente en contra de la opa (igual que gran parte del arco parlamentario catalán, de la CUP al PP). Pero el voto de su consejero en Competencia ha generado desconcierto.

El empresariado catalán viaja con asiduidad a Waterloo para tratar de influir para que los siete diputados postconvergentes frenen algunas de las iniciativas gubernamentales. La última, la de la reducción de la jornada laboral, que el Consejo de Ministros aprobará mañana. Junts, con el descontento existente en el empresariado por el voto de Pere Soler a la opa en la CNMC, tiene más difícil apoyar el recorte en el tiempo de trabajo, una medida que el empresariado catalán le pide que tumbe.