Ideas para una reforma de la constitución

De una constatación expresada en parecidos términos a los arriba empleados parte «el llamamiento» que acaba de hacer público un grupo de diez catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinado por Santiago Muñoz Machado, «sobre la imperiosa necesidad de abrir el proceso de reforma». Sin más pretensiones que la de proponer, en una veintena de páginas, una serie de «ideas», los académicos, de diversas procedencias territoriales e ideológicas, coinciden en describir la situación crítica por la que atraviesa nuestro Estado de las autonomías y en prescribir algunas recomendaciones de carácter, sobre todo, instrumental para su reparación. No es, como puede deducirse de los términos en que se ha expresado la constatación, un recetario para afrontar el problema específico catalán, sino, más bien, lo que podría denominarse un manual de instrucciones para abordar el más general español, que la incuria reformista de los partidos políticos, al haberlo ido posponiendo por las causas más diversas, ha hecho cada vez más acuciante y difícil.

El proceso de reforma que se propone parte de unas premisas que actúan, a la vez, de condicionantes. Así, habrá de basarse en un diálogo «desde la Constitución», y no conducirse, por tanto, al margen de ella. Quedan, pues, excluidos tanto el «diálogo bilateral» con los secesionistas para resolver sus problemas como la propuesta de un «proceso constituyente» que, partiendo de la nada, se desarrollaría siguiendo reglas indeterminadas. Se trataría, en consecuencia, de un proceso estrictamente reformista, institucionalizado en el Congreso, aunque abierto a formas de participación ciudadana, y liderado, en principio, por el Gobierno a través de su representación parlamentaria. El diálogo tendría dos límites de partida: de un lado, la exclusión del statu quo como solución, es decir, la imprescindible apertura a la introducción de cambios y, de otro, la exploración de todas las posibilidades, con la excepción de la más traumática del referéndum de secesión. Son los dos extremos que delimitan el campo de juego.

A partir de estas premisas, los catedráticos, tras diagnosticar las deficiencias de que adolece el sistema, se guían, en la búsqueda de soluciones, por las «técnicas del federalismo», siguiendo, sobre todo, el ejemplo alemán, pero evitando, a la vez, cualquier tentación nominalista en la definición del modelo. Participación y cooperación son, en todo caso, los términos guía, con la fundada esperanza de que el diálogo y la lealtad sean los sustitutos de la actual conflictividad y el exceso de verticalidad que caracteriza al sistema se vea corregido por una mayor horizontalidad. Digamos, para terminar, que los Estatutos de Autonomía se harían, por así decirlo, más «autónomos», desligándose de su actual condición de leyes orgánicas del Estado y erigiéndose en Constituciones propias de las respectivas comunidades, aunque sujetas, por supuesto, a la suprema del Estado.

Ideas tan sugerentes suscitarán, sin embargo, miedos y recelos. Dejando de lado a quienes no buscan lo que la propuesta ofrece, a saber, mejorar la convivencia en un Estado común, habrá quienes, por su condición de minoritarios, teman quedar engullidos por corrientes que los desbordan y prefieran la indeterminación actual o quienes recelen que, si se abrieran las compuertas a la reforma, se desencadenaría un proceso incontrolable. El problema es, sin embargo, que la alternativa a la reforma, lejos de ser neutral y dejar las cosas como están, aboca el sistema a crisis cada vez más destructivas. Y es que la «imperiosa necesidad» de que hablan los académicos ha de entenderse en su sentido más propio y estricto de «ineludible». Es decir, o reforma o colapso del sistema.