La hora de la verdad de Pradales

Si en su primer arranque de curso como lehendakari, el pasado agosto, el reto era hacer realidad la nueva forma de gobernar que prometía tras la 'era Urkullu' -con la puesta en marcha de múltiples mesas y pactos en asuntos candentes como la sanidad pública o la seguridad- en la segunda reválida que ahora afronta, el objetivo es, analiza un exalto cargo del Gobierno, «hacer creíbles» los foros, las promesas o los encuentros que ha mantenido con sus consejeros, al estilo 'coach', para conminarles a «ponerse las pilas» e imprimir tensión al relato de la gobernanza.

Los engranajes de la política vasca volverán a rodar a pleno rendimiento desde este próximo jueves, cuando Pradales presidirá el tradicional Consejo de Gobierno con que cada año se pone punto final a las vacaciones estivales en el Palacio Miramar de San Sebastián. En puertas de su primer pleno de política general -el año pasado no hubo porque acababa de celebrarse el debate de investidura-, Pradales abrirá el curso centrado «en la agenda vasca» y empeñado, dicen en su entorno, en mantener «el diálogo y la colaboración» con agentes políticos, económicos y sociales pero con un ojo puesto en Madrid y otro en Estados Unidos.

En Ajuria Enea son plenamente conscientes de que el ambiente «revuelto» que se respira en la capital española, convulsionada por el 'caso Cerdán' y los frentes judiciales que acosan a Sánchez y al PSOE pero también por el estallido del 'caso Montoro' en el PP o por la tensión añadida por la gestión de los incendios, «condiciona» la política vasca. No sólo por la inestabilidad e incertidumbre que trae consigo sino porque Moncloa, decidida a presentar Presupuestos tras tres años en blanco, tiene múltiples socios a los que contentar -ya hace guiños a ERC con la quita de la deuda a Cataluña- aunque, como siempre, es Junts quien tendrá la última palabra. El PNV buscará, sin duda, meter cuchara pero es dudoso que logre que se cumpla el principal acuerdo que tiene firmado con Sánchez y que Pradales se ha tomado siempre como algo personal: cerrar el Estatuto.

Si se cumpliera el calendario pactado quedarían apenas cuatro meses, hasta final de año, para culminar traspasos tan complejos como el de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero los indicios no son halagüeños: el primer paquete de la transferencia que el lehendakari esperaba lograr en julio, en su reunión con Sánchez en la Comisión Bilateral Permanente, encalló por las reticencias de Sumar, reacia a transferir las prestaciones del paro. En Ajuria Enea insisten en que siguen trabajando «con la idea de cumplir el calendario» pero reconocen que la meta es «muy ambiciosa»: es decir, asumen de forma implícita que tampoco esta vez se podrá completar el Estatuto en los plazos estipulados.

Las consecuencias políticas son evidentes: Pradales y el PNV se verán obligados a hacer equilibrios dialécticos para combinar la denuncia de los incumplimientos -el lehendakari ya reclamó en julio a Sánchez que «ponga orden» en la coalición- con el mantenimiento del apoyo político al Gobierno, en el peor momento además de sus relaciones con el PP, que han vivido este verano un nuevo enfriamiento. En paralelo, es de esperar que la oposición en Euskadi, con Bildu a la cabeza, incremente la presión.

La coalición soberanista volverá a la carga con la necesidad de reactivar el nuevo estatus y exigirá un «pacto de país» por los «derechos nacionales» ante la nueva larga cambiada de Moncloa. El equipo de gobierno se prepara, de hecho, para el fin del espejismo de la mano tendida, con las municipales y forales de 2027 cada vez más cerca.

La otra latitud a la que mira Pradales, Washington, también augura problemas. El paréntesis estival obliga a aguardar a septiembre para calibrar los verdaderos efectos de la guerra arancelaria declarada por Donald Trump en la economía vasca. A la espera, además, de cerrar la 'operación Talgo', crucial para Pradales por su simbolismo como punta de lanza de su cruzada por devolver a la industria vasca su pasado esplendor. El PP cuestiona ahora los 75 millones que la Sepi invertirá para dar al industrial José Antonio Jainaga el control de la compañía y financiar parte de su deuda, y llevará el asunto este otoño a la primera línea del barro político en el Congreso.

La industria es, de hecho, uno de los planos clave de este próximo curso político. Los otros en los que el lehendakari tiene pendiente, como a él le gusta decir, pasar «de las musas al teatro», son la seguridad, Osakidetza, la vivienda, la simplificación de la Administración pública y la puesta en marcha de la nueva ley de Transparencia y el llamado pacto ético, que puso sobre la mesa sin éxito hace un año en Miramar y que volverá a ocuparle este año, transformado ahora en una ponencia parlamentaria «de calidad democrática» con la que espera insistir en el relato de Euskadi como dique de contención frente a los populismos.

Con todo, Pradales es consciente de que todos los ojos estarán puestos en la evolución del pacto por la sanidad pública, especialmente tras la drástica reestructuración del Departamento de Salud dada a conocer en julio y la pelea política con Bildu por la relación de Osakidetza con la sanidad privada.

Más difícil aún es que el foro de seguridad auspiciado por Pradales con el mantra de que sentirse a salvo en la calle «es innegociable» dé frutos concretos. El debate sigue plagado de aristas, como se ha vuelto a demostrar en las fiestas populares estivales, donde a la proliferación de los hurtos se ha sumado el hostigamiento a Policías locales y ertzainas en los recintos de txosnas. En vivienda, existe un horizonte cierto al que agarrarse: la puesta en marcha en septiembre del programa de avales a la compra de vivienda, clave en un momento en el que la emancipación juvenil ha caído a mínimos.