La Hacienda vizcaína niega un «trato de favor» al empresario que negoció con Leire Díez

El estallido del 'caso Leire Díez', con la publicación de las grabaciones en las que la exmilitante socialista ofrecía a Hamlyn pactos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre mandos de la UCO, coincidió con el inicio del juicio contra la 'mafia de los hidrocarburos' en la Audiencia Nacional. Anticorrupción pide 54 años de prisión para el empresario vizcaíno, presunto cabecilla de la trama, por un fraude de 154 millones, pero el investigado no se ha presentado aún ante la Justicia porque dice encontrarse «retenido» en Dubái por una deuda.

La Hacienda vizcaína no está personada en la causa porque dice no haber recibido ninguna notificación de que sea una parte perjudicada por el fraude. Sea como fuere, a los grupos de la oposición les sorprendía que la Diputación hubiese admitido hace dos años un aplazamiento en el pago de impuestos a una empresa, el grupo Hafesa, investigada por graves irregularidades. Es por eso que Berrojalbiz solicitó comparecer a petición propia, además de la que ya había presentado Elkarrekin Podemos, una cita que se ha llevado a cabo finalmente este jueves.

La diputada ha insistido en que el ente foral no tiene constancia de las actuaciones judiciales contra Hafesa y se ha amparado en la reserva de los datos para no dar información concreta del caso, pero en todo caso ha explicado que «estar investigado no impide» la eventual concesión de un aplazamiento o fraccionamiento del pago si se cumplen, eso sí, los requisitos tasados. La solicitud, que se presenta a instancia de parte, debe incluir elementos como un plan de viabilidad, un plan de pago y una orden de domiciliación. En función de las cifras, también se exige una garantía, que suele ser un aval de una entidad de crédito.

Sin llegar a confirmar si se produjo el aplazamiento ni las cifras del mismo, Berrojalbiz ha querido hacer ver que la medida no sería tan rara. Según los datos que ha aportado, desde 2012 hasta la actualidad se han concedido aplazamientos a personas físicas o jurídicas por un valor de 2.165 millones de euros, de los cuales «únicamente» quedan por abonar 452, una quinta parte del total. La responsable foral, además, ha destacado los filtros por los que pasa el proceso, con varios órganos compuestos por funcionarios e incluso otros de fiscalización antes de llegar a las más altas instancias.

Las explicaciones de Berrojalbiz han satisfecho a PNV y PSE-EE, que gobiernan la Diputación en coalición y con mayoría absoluta, pero no a los grupos de la oposición. Para EH Bildu, sí hay un margen de «discrecionalidad» en el momento de la decisión definitiva sobre el aplazamiento y le surgen dudas sobre el «mensaje que se envía a la sociedad» al concedérselo a un investigado. Para el PP, resulta «relevante» que el supuesto importe en este caso suponga el 10% de todos los retrasos concedidos en doce años. Y para Podemos, un proceso reglado no tiene por qué significar que «no haya actuaciones de corrupción».