Griñán y los 'robagallinas'
En uno de los muros de la temida prisión de Lecumberri, en la Ciudad de México, puede leerse la siguiente inscripción: «En este lugar maldito, ... donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza». La versión mariachi de los 'robagallinas', a los que se refería en nuestro caso Carlos Lesmes cuando, siendo presidente del CGPJ, advirtió de que en España tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal pensada para aquellos parias y no para el gran defraudador o el político corrupto, expertos conocedores de los resortes y vericuetos de la burocracia legal que, en base a engorrosos oficios y recursos de amparo, consigue dilatar los casos más simples y sirve de coartada a cierta arbitrariedad en la regulación del tempo procesal, que no es accidental sino discrecional, en los más complejos.
La defensa de Griñán está en ello. Condenado a seis años de cárcel y quince de inhabilitación por prevaricación y malversación en el caso de los ERE y a expensas de un indulto presidencial que se da por hecho aunque a priori parezca de difícil encaje en el presente año electoral, el desesperado intento del expresidente andaluz para evitar su ingreso en prisión alegando que sufre un cáncer de próstata adquiere dimensiones socialmente escandalosas a nada que se piense en cuántos reclusos con estadios mucho más avanzados de dicha enfermedad siguen sus tratamientos aun viviendo entre rejas.
Si en vez de Pepe Griñán, hablásemos de un 'robagallinas' cualquiera, ningún juez o tribunal admitiría semejante argucia. Pero la pericia de sus abogados defensores aferrándose al resquicio más garantista de la ley con esta maniobra dilatoria inspirada en el éxito de algunos casos anteriores, como los del valenciano Eduardo Zaplana o el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, quienes echaron mano de su mala salud para conseguir su excarcelación definitiva, quizá le ponga en bandeja a Pedro Sánchez la razón que necesita para librar a Griñán de este cáliz.
Tratándose de una medida de gracia gubernamental, en sus manos está el indultarle. Pero, aun siendo discrecional, la decisión ha de estar argumentada al margen del coste-beneficio que pueda tener para el propio Sánchez en términos políticos. La foto del expresidente andaluz entrando en la cárcel podría reportarle algún rédito electoral como símbolo de «tolerancia cero» ante la corrupción que, casualmente, según sus propias declaraciones recientes, «es algo que ya preocupa menos a los españoles». Pero el perdón a un histórico dirigente tan querido y considerado en su partido tampoco le vendría mal para sofocar el intento de motín a bordo de los viejos barones socialistas, poniendo un punto en boca de quienes le reclaman un trato de favor a Junqueras y al clan de los catalanes sediciosos, a quienes ya indultó antes por la «política del ibuprofeno».
Para la decencia democrática el drama es más profundo pues será el jefe del Ejecutivo, y no los jueces, quien tenga la última palabra también en este maloliente asunto.
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