Gogora baraja el 7 de octubre como Día de la Memoria Histórica

El 7 de octubre de 1936 se constituyó el primer Gobierno vasco. Y ese aniversario es una de las fechas que baraja Gogora para proclamarlo como el Día de la Memoria Histórica. «Será el Parlamento vasco quien lo decida», ha recalcado su director, Alberto Alonso, en una comparecencia a petición propia para dar cuenta de la situación y proyectos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. «El objetivo principal es situar a Gogora en el espacio social que le corresponde y hacer una memoria crítica y reflexiva basada en el rigor histórico», ha señalado.

Hay más fechas sobre la mesa, como el 1 de octubre del Estatuto vasco de 1936, pero todo apunta a que se buscará «un amplio consenso» para esta nueva celebración, que conviene no confundir con el Día de la Memoria que se celebra anualmente el 10 de noviembre y donde se recuerdan los años recientes y se rinde tributo a las víctimas del terrorismo. Es probable que haya novedades en breve, ya que el plan de trabajo contempla que pueda fijarse la fecha durante el primer semestre de 2025.

Ese 7 de octubre de aquel primer Ejecutivo está enmarcado en algunos homenajes recientes, como el celebrado en Bilbao la semana pasada en recuerdo del consejero de Sanidad, Alfredo Espinosa, fusilado en la guerra por las tropas franquistas. «Acudió el lehendakari y una amplia representación institucional», ha agradecido Alonso. Gogora está trabajando ya en las biografías de los cargos intermedios de ese Ejecutivo.

Alonso ha desgranado las directrices del Plan de Actuación 2025-2028, que busca «situar a Gogora en el espacio social que le corresponde». es decir, «convertir al Instituto en una institución pública capaz de aportar a la ciudadanía las herramientas necesarias para la construcción de una memoria crítica y reflexiva, basada en el rigor histórico y el debate constante con nuestro pasado». Algo donde pondrán especial énfasis en los jóvenes, como podrá verse este jueves en un acto en el BEC con 450 alumnos y víctimas del terrorismo.

«La memoria no puede ser monopolio de nadie. En una sociedad democrática basada en la diversidad y el derecho a la diferencia es previsible y saludable que coexistan diferentes comunidades de memoria reflejo de la diversidad social y cultural de la ciudadanía», ha admitido. A su juicio, «la base fundamental y la labor de Gogora es la de velar por que todos los relatos de memoria estén basados sobre el mínimo común denominador del respeto incuestionable a los derechos humanos y la convivencia. Que ninguno justifique los discursos de odio o la eliminación de los que no encajan en su visión particular».

En ese sentido, Alonso sostuvo un intenso intercambio de opiniones con Eraitz Saez De Eguilaz, parlamentaria de EH Bildu, que afeó que se permitiera desfilar a la Guardia Civil en Vitoria el 12 de octubre del año pasado «cuando es uno de los principales victimarios en la historia de violencia de este país y supone una revictimización». Alonso ha recordado que ese cuerpo policial «también tiene 200 víctimas mortales, un centenar de ellas en Gipuzkoa» y le pidió que «no simplifiquemos los relatos para hablar sólo de una parte porque limita la construcción de la memoria».

Según ha defendido Alonso, «la memoria no debe plantearse como algo perenne e inmutable, es un constructo social y no un dogma pseudo religioso. La memoria colectiva tiene que ser el reflejo del dinamismo de la sociedad que la construye», ha defendido, antes de añadir que «ninguna generación, ningún colectivo, tiene el derecho exclusivo de imponer su relato sobre el pasado».

El responsable de Gogora, que ha estado acompañado por tres técnicos en la casa, ha abogado por «intensificar la relación con otras instituciones memoriales», una tarea que han comenzado estrechando lazos con el centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con el Instituto Navarro de la Memoria, con el Instituto de la Memoria Democrática de Asturias, así como con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, entre otros. «La internacionalización de Gogora debe recibir un impulso renovado en este periodo como un paso más hacia su definitiva consolidación», ha añadido.

También ha recordado Alonso que se va a realizar un estudio sobre la violencia de grupos de extrema derecha, la guerra sucia y el GAL, ya que «se trata de una tipología poco estudiada y es necesario comprender con más detalle tanto su motivación, como su forma de actuación a fin de lograr comprender e identificar los diferentes tipos de víctimas que pueden haberse creado».

En el segundo punto de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Parlamento vasco ha aprobado la designación de la abogada Juana Balmaseda, el exmagistrado Jaime Tapia y al forense Paco Etxebarria como miembros de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales entre 1978 y 1999. Tapia fue el principal asesor penitenciario cuando la consejería de Justicia y Derechos Humanos estaba en manos de las jeltzales Beatriz Artolzabal y Nerea Melgosa. Los nombramientos habían sido acordados por el PNV, EH Bildu y el PSE-EE..

Este grupo de trabajo tiene como objetivo valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de la ley, la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de las mismas. Además de Balmaseda, Tapia y Etxebarria, como miembros titulares, el Parlamento ha designado como suplentes a Felipe Gómez Isa, Josu Oscoz y Miguel Ángel Navarro.

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