Sánchez cede a Euskadi las prestaciones de desempleo para aplacar los recelos del PNV

La fumata blanca llegó después de una reunión en Madrid entre la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Pero no menos importante fue la llamada telefónica que Pradales mantuvo horas antes con la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que se encarriló el acuerdo. La conversación, según fuentes de Lehendakaritza, resultó «fundamental» para desbloquear un traspaso que despierta recelos no sólo en la oposición, sino también en asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social y sindicatos, algunos de ellos próximos a Sumar, la formación de Díaz.

Ya en julio, cuando la operación naufragó en la Comisión Bilateral, el lehendakari emplazó a Sánchez a que pusiera «orden» en sus filas porque, si bien detectó «voluntad» en él, apuntó a las concepciones «centralistas» del Ministerio de Trabajo para impedir el cambio de manos. Y la semana pasada, Pradales insistió en interpelar al presidente en busca de un «gesto político» que permitiera mantener la relación de confianza. Ese «gesto» ha acabado produciéndose, aunque no garantiza que el acuerdo global se vaya a cumplir: todavía falta una veintena de materias por traspasar y apenas quedan tres meses para que venza el plazo.

Sea como fuere, Lakua da máxima relevancia a este logro. Será la primera vez que un gobierno autonómico gestione la prestación y el subsidio de desempleo. En la práctica, el Sepe (Servicio Estatal Público de Empleo) desaparecerá de Euskadi y Lanbide pasará a ser la ventanilla única. Es decir, no sólo desarrollará los programas de formación y las iniciativas para impulsar la contratación, como ya hace desde 2011, sino que a partir de ahora también abonará las prestaciones y los subsidios. En 2024 beneficiaron a 51.000 vascos y el gasto ascendió a 822 millones.

La fórmula pactada entrará en vigor cuando se firme en la próxima Comisión Mixta de Transferencias , «antes de fin de año», y será «transitoria» hasta que se complete el traspaso de la Tesorería General de la Seguridad Social, uno de los más intrincados de todos los que faltan. Entre tanto, la solución consiste en que Lanbide abonará las prestaciones y luego le pasará la factura al Estado. En el País Vasco, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, en esta carpeta no hay déficit. En la comunidad autónoma se recaudan 1.663 millones de euros en cotizaciones por desempleo y las prestaciones ascienden a los citados 822.

El Gobierno central, consciente de las suspicacias que genera este traspaso ante la posible ruptura de la llamada 'caja única', se afana ahora en disipar ese riesgo. Fuentes del Ministerio de Trabajo subrayaron que la transferencia no conlleva la recaudación de las cotizaciones, que seguirá en manos del Estado, ni afectará a los derechos en materia de prestaciones que tienen los trabajadores. No en vano, la Administración central también se reserva la capacidad legislativa sobre las prestaciones contributivas y los subsidios.

Aun así Ubarretxena quiso destacar el «hito» que supone asumir las políticas pasivas de desempleo y aseguró que el Gobierno vasco empieza a «ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento» de lo dispuesto en el Estatuto de Gernika. Entre los partidos, PNV y Sumar pugnaron por capitalizar el logro. Por los jeltzales, Aitor Esteban incidió en que «la insistencia, la habilidad política y la negociación» de su formación han dado sus «frutos»; y por los de Díaz, Lander Martínez atribuyó a su formación el «último empujón» para completar el traspaso.