Los gobiernos central y vasco sellan el traspaso de Prisiones y lo desligan del traslado de presos

El ministro, incluso, fue más allá. Y compartió una reflexión que minutos antes había realizado Erkoreka. «Se trata de saldar una deuda histórica». Las críticas se centran, sobre todo, en que la transferencia llega justo en un momento muy concreto. Con Pedro Sánchez necesitado de los votos del PNV y EH Bildu en el Congreso y con un goteo constante de traslados de presos de ETA. En estos momentos hay cerca de 40 miembros de la banda terrorista en los tres centros vascos, pero se da por hecho que la cifra aumentará de forma significativa en los próximos meses.

Los populares insisten en la teoría de que existe un «pacto secreto» del Gobierno con los nacionalistas y Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, advirtió ayer de que «vigilará rigurosamente» la gestión que realice el Ejecutivo vasco. En una línea similar, la coalición PP+Cs deseó que el traspaso «no se convierta en un traje a medida para los presos de ETA» y en el lado opuesto de la balanza se situó Arnaldo Otegi. El líder de EH Bildu lo consideró «una buena noticia» y «un paso» para «todos los presos vascos». Una oportunidad, dijo, para impulsar «otras dinámicas».

¿Pero qué margen tendrá el gabinete de Iñigo Urkullu? Iceta se esforzó en subrayar una máxima: «Hay que separar lo que es la transferencia de la política penitenciaria». Las penas seguirán siendo impuestas por los tribunales y será el Ministerio del Interior el que siga decidiendo cuál es la política penitenciaria. El Gobierno vasco tendrá a su cargo la gestión de las instalaciones y se hará cargo de la nómina de los cerca de 700 empleados públicos que desempeñan su labor en los tres centros. La transferencia tiene un importante contenido económico. Está valorada en más de mil millones de euros. Cada año Euskadi retendrá cerca de 70 millones que se descontarán del Cupo.

Pero el origen de la polémica no está en la parte financiera, sino en cómo gestionará las condenas. Su «ejecución y seguimiento», como lo definió la consejera Garamendi. Un espejo en el que mirarse es Cataluña, la única comunidad que hasta la fecha tiene la competencia transferida. La Generalitat concedió permisos a los presos del 'procés', pero al final esos beneficios fueron tumbados por la Justicia.

En todo caso, el propio Iceta sí reconoció que se trata de un traspaso que siempre ha estado condicionado de una u otra forma por el terrorismo de ETA. Flanqueado por Erkoreka y Garamendi, subrayó que ha sido «la propia sociedad vasca» la que ha logrado hacer efectiva la transferencia al querer «mirar al futuro» y dejar atrás un «conflicto violento» y una «etapa de actitudes terroristas». En su posterior encuentro con Idoia Mendia admitió incluso que el traspaso no se hubiera producido si no se hubiera logrado la derrota de ETA.

La Comisión Mixta también rubricó otros tres traspasos. De importancia menor, tanto en lo económico como en lo simbólico: el ISSN (código de identificación bibliográfica), el edificio de Ondarroa donde se ubica el distrito marítimo (que se derribará para ampliar el Puerto) y el transporte por carretera. En este caso, Euskadi asumirá la inspección y control del transporte que discurre por el territorio, siempre y cuando tenga su origen y destino dentro del País Vasco. Quedará en manos de las diputaciones. De hecho, Álava ya lo hace. En breve pasará a manos de Bizkaia y Gipuzkoa. En total, se asumen cuatro trabajadores y un espacio de 77 metros cuadrados en la subdelegación del Gobierno central en la Plaza Moyúa.

En los próximos meses se esperan nuevos traspasos y que antes de fin de año se vuelva a reunir la Comisión Mixta de Transferencias. En el horizonte, el Ingreso Mínimo Vital, de enorme complejidad técnica. La voluntad existe. Iceta no ocultó cómo está el clima con los jeltzales: «Lo que nos está pidiendo el PNV es estabilidad, certidumbre y profundizar en una política de reformas razonable que cuente con las comunidades. Y, desde luego, nos vamos a atener a ese planteamiento que es justo y razonable».