Los gobiernos central y vasco negocian ya con máxima discreción el traspaso de la AP-68
La titularidad de la autopista es una reivindicación histórica del PNV, que en 2000 montó en cólera cuando Aznar amplió la concesión hasta 2026
El calendario acordado entre los gobiernos central y vasco para culminar la transferencia de 33 de las 37 materias pendientes del Estatuto de Gernika ... consta de tres grandes bloques diferenciados por distintas metas temporales: marzo, julio y enero de 2020. Todo con luz y taquígrafos, como se empeñan en destacar los protagonistas. El bloque de marzo se activó hace un par de semanas con el envío de toda la documentación a la mesa negociadora (ahora, están esperando informes de Hacienda) y consta, oficialmente, de siete materias. Todas de bajo perfil político, como los seguros escolares, la legislación sobre productos farmacéuticos o las escuelas viajeras. La realidad, sin embargo, es diferente.
Según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia, también se está negociando con la máxima discreción una octava, prevista en el 'pack' de julio. Se trata de la transferencia de la titularidad de la autopista AP-68 (la Bilbao-Zaragoza), uno de los deseos históricos del nacionalismo, que recientemente logró la transferencia del tramo alavés de la AP-1, que acaba de ser liberada por el Ministerio de Fomento entre Armiñón y Burgos. Pero el peso que la AP-1 tiene para Euskadi no es comparable con el de la AP-68. Es una infraestructura tan vital como cara. Su relevancia, como la cercanía del incierto carrusel electoral en el que se subirá España en los próximos meses, parecen justificar las prisas mostradas 'sotto voce' por Lakua. Como cartel electoral, no está nada mal 'vender' este logro.
Son muchos los interrogantes que surgen en torno a esta operación, de «enorme complejidad técnica». En lo político, destacan las dudas sobre si realmente será factible transferir la titularidad antes de las generales del 28 de abril o de las elecciones municipales y forales del 26 de mayo. En lo práctico, en el día a día de los ciudadanos, el margen de maniobra es realmente escaso. ¿La autopista dejará de ser tal y se convertirá en una autovía gratuita si las diputaciones forales (competentes en la red viaria frente al Gobierno vasco) son las nuevas dueñas de la infraestructura en lugar de la Administración General del Estado? No, al menos hasta 2026, cuando acaba la actual concesión que tiene Avasa (Autopista Vasco-Aragonesa), propiedad de Abertis.
En caso de fructificar la negociación política, el traspaso de la infraestructura se realizaría a través de una subrogación del contrato actual. La consumación de esta transferencia, por tanto, tiene mucho más de simbólico que de valor práctico a no ser, por ejemplo, que las diputaciones de Bizkaia y Álava negociasen la rescisión del contrato, algo muy complejo y de enorme coste económico. De hecho, Euskadi no es una comunidad que se caracterice por el hecho de que sus principales viales sean gratuitos. De los 496 kilómetros de alta capacidad que jalonan la comunidad, 255 son de pago. En total, el 51,4%, muy lejos del 19,5% de la media del conjunto de España. Lo que sí hacen las diputaciones es establecer mecanismos de ayuda para los usuarios habituales de la A-8 ó la AP-68.
La transferencia de la carretera estaba prevista para julio, después de las elecciones
Bronca en el año 2000
La 'operación AP-68' viene de muy lejos y ha sido una fuente habitual de encontronazos políticos entre Madrid y Vitoria. Quizás el mayor se produjo a comienzos de 2000. El 4 de febrero, el Consejo de Ministros liderado por José María Aznar (estaba terminando su primera legislatura) aprobó por sorpresa la ampliación durante otros 15 años de la concesión de la entonces A-68 (la 'p' se incluyó en la nomenclatura posterior), pasando de 2011 a 2026 a cambio de una sustancial rebaja del 40% en los peajes. El PNV montó en cólera.
El entonces diputado general de Bizkaia, Josu Bergara, fue el encargado de poner voz a la «indignación» acusando a Madrid de «electoralismo». «Según el Estatuto de Autonomía tenemos competencia exclusiva en materia de carreteras (...) Esto va en contra de los intereses de todos los vascos. Las instituciones forales han sido ignoradas y despreciadas por el Gobierno central», zanjó en un durísimo comunicado.
Se dio la paradoja de que el entonces presidente de la Autopista Vasco Aragonesa era José Alberto Pradera, predecesor de Bergara al frente de la Diputación, también por las siglas jeltzales. «Las críticas de gente del PNV me duelen: son tremendamente injustas. Creo que veo las cosas con más claridad que otros», confesó en una entrevista publicada aquellos días por este periódico.
El tema siempre ha estado en el candelero, con mayor o menor presencia en función de la debilidad de los gobiernos españoles. Siempre que el PNV ha sido necesario para aprobar los Presupuestos, se ha pisado el acelerador. Ocurrió así en septiembre de 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero. Los medios, de hecho, llegaron a publicar el acuerdo entre ambas partes para traspasar la titularidad de la AP-68. Ocho años después, esta suerte de 'guadiana' vuelve a llevar algo de agua. ¿Será posible?
En Sabin Etxea y en Lehendakaritza son muy conscientes de la relevancia política del momento, de que 'el ahora o nunca' se parecía mucho a esto. El Gobierno de Sánchez sigue necesitando al PNV para apoyar sus decretos ley en la Diputación Permanente del Congreso y el portavoz jeltzale en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ya ha advertido de que no les hace mucha gracia esta forma de proceder del Ejecutivo central, pero que llegado el momento, si ellos tienen «prisa» por aprobar sus propuestas, «nosotros también tenemos las nuestras para que se cumpla lo pactado». La negociación continúa.
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