El Gobierno vasco tarda 53 días en solicitar formalmente la sentencia del 'caso De Miguel'

El que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo De Miguel, y considerado el principal cabecilla de esta trama, fue condenado a trece años aunque sólo cumplirá nueve. Y al igual que sucede con, al menos, otros dos sentenciados –Koldo Ochandiano y Alfonso Arriola–, este antiguo burukide conserva su plaza en la administración autonómica a pesar de acumularse dos resoluciones en su contra. Ostenta un puesto de responsabilidad en Hazi, una fundación pública dependiente del Gobierno de Lakua para la que ha llegado a acometer labores de representación.

En la misiva certificada, la administración vasca argumenta que su conocimiento de la decisión del Supremo se limita a «los medios de comunicación social y la web oficial» del alto tribunal. Y pese a su condición de «actor civil perjudicado» –los implicados se apropiaron de subvenciones autonómicas de manera ilícita–, esta institución niega haber tenido «hasta la fecha notificación oficial de la misma ni de su firmeza», estima la comunicación remitida al Palacio de Justicia de Vitoria. La Audiencia de Álava será la encargada de ejecutar las condenas de este caso.

El Gobierno vasco señala asimismo que «es importante que antes de tomar ninguna decisión sobre la posible extinción del vínculo laboral/funcionarial de las personas condenadas, esta administración conozca de forma fehaciente la firmeza de la sentencia». El 10 de enero, 24 horas después de que se anunciaran las penas definitivas para la quincena de implicados, de los que sólo cuatro pisarán la cárcel, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, confirmó que sus rescisiones se ejecutarían a «la mayor brevedad». Sin embargo, a día de hoy, ninguna se ha materializado, lo que ha conllevado una importante tormenta política.

Nada ha cambiado. Toca esperar y así lo evidencia la misiva del Ejecutivo autonómico. «Nos resulta necesario conocer la fecha prevista del ingreso en prisión, toda vez que a partir de su ingreso será efectivo activar los mecanismos legales de extinción del vínculo laboral/funcionarial que en cada caso corresponda». La potestad de ordenar las entradas en los centros penitenciarios de Zaballa o de Basauri corresponde a la Audiencia de Álava.

Fuentes internas de este órgano reconocieron ayer a este periódico que «la sentencia –definitiva del Supremo– no ha llegado a la Audiencia, así que cuando se reciba oficialmente se decidirá. Es decir, se revisarán las condenas y se dictarán los mandamientos de prisión que correspondan». Ese capítulo podría demorarse hasta abril, o incluso mayo, debido a que la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia –activa desde el 24 de enero– no tiene visos de arreglo a corto plazo. Estos funcionarios son los encargados legales de activar las encarcelaciones.

Catorce personas, la mayoría pertenecientes o en la órbita del PNV, fueron condenadas por delitos como cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales u asociación ilícita. Iñaki San Juan, exedil de Leioa, supo la semana pasada que evitará el paso por la cárcel al beneficiarse de la rebaja para la prevaricación. En enero, De Miguel, Tellería y Ochandiano abonaron la responsabilidad civil. «Para evitar el embargo y acceder antes a beneficios penitenciarios», aprecian medios judiciales.