El Gobierno vasco rechaza la oficina anticorrupción que propone Bildu tras el 'caso De Miguel'
Argumenta que Euskadi ya dispone de mecanismos administrativos para «promover la integridad e impulsar la transparencia»
La resolución del 'caso De Miguel', con penas de hasta 12 años de prisión para los responsables de la mayor trama de corrupción política en ... Euskadi, no supondrá ningún cambio en los mecanismos de la Administración para perseguir las prácticas irregulares. El Gobierno vasco ha mostrado este martes su criterio contrario a la proposición de ley presentada por EH Bildu para crear una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción. Aun así la iniciativa será debatida en el Parlamento, pero la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE se encargará de tumbarla en la votación.
No es la primera vez que la coalición abertzale plantea esta cuestión. Lo hizo una vez en la anterior legislatura y de nuevo a comienzos de la presente, en 2020; en ambas ocasiones, con el mismo resultado. En todos esos casos, la principal fuerza de la oposición ha estimado necesaria la creación de un nuevo órgano para acabar con «la falta de medios para combatir la corrupción y garantizar el buen uso del dinero público», de manera que en el futuro no se puedan dar casos como la red liderada por el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel.
Ante la misma iniciativa, presentada por tercera vez, el Gabinete Urkullu ha optado por dar la misma respuesta con idénticos argumentos. Tras acordar la postura sobre la iniciativa en el Consejo de Gobierno –un trámite obligatorio pero no vinculante cada vez que se presenta una proposición de ley en la Cámara–, el portavoz, Bingen Zupiria, ha explicado que Euskadi «ya posee un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia, y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas».
El Ejecutivo autonómico recuerda que todas las instituciones «cuentan con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario»; concretamente, la Oficina de Control Económico (OCE) en el Gobierno vasco, y los funcionarios con habilitación de carácter estatal en los ayuntamientos. Igualmente, también hay instancias como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el Ararteko, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Servicio de Registro del Personal. Los altos cargos de Lakua, además, suscriben un Código Ético y una Comisión vela por su cumplimiento.
El rechazo a la iniciativa no ha sorprendido demasiado a EH Bildu, que constata que PNV y PSE-EE, pese a hacer «declaraciones grandilocuentes» contra la corrupción, luego «no quieren asumir compromisos de verdad». El parlamentario Josu Estarrona insiste en que «hacen falta herramientas para garantizar que en el futuro no haya más 'casos De Miguel'» y considera «preocupante» que las dos formaciones que sustentan el Gobierno vasco «bloqueen cada iniciativa que plantea avances hacia la desaparición de las prácticas corruptas».
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