El Gobierno vasco presentó fuera de plazo las alegaciones al decreto de universidades

Fue el pasado 1 de abril cuando el Ministerio de Ciencia y Universidades lanzó en el Consejo de Ministros el proyecto de real decreto, que endurece los requisitos para la apertura de centros de titularidad privada. Y al día siguiente, el miércoles 2, abrió un periodo de información pública para que los agentes concernidos (gobiernos autonómicos, universidades, asociaciones de estudiantes...) remitieran sus alegaciones. El plazo finalizaba el viernes 11 y se contabilizaron aportaciones de un total de 57 instituciones. Sin embargo, las del Gobierno vasco no llegaron hasta el martes 15.

Preguntadas por EL CORREO acerca de este retraso, fuentes autorizadas del Departamento vasco de Universidades confirman este extremo, lo atribuyen a un «malentendido» con las fechas y confían en que eso no anule los efectos de la documentación remitida al Gobierno central. «En estos procedimientos de elaboración de disposiciones normativas, no se puede hablar de validez o no de las alegaciones, sino de que hayan de ser tenidas en cuenta por el órgano que elabora el reglamento», explican en el equipo del consejero Pérez Iglesias.

En las alegaciones enviadas por Lakua se incluyen argumentos en contra de algunos de los nuevos requisitos planteados por el proyecto, pero se centran fundamentalmente en denunciar una «invasión competencial» en dos ámbitos concretos: en el mecanismo para autorizar la creación de universidades y en la regulación de los centros online. El sector del PSE-EE, que denuncia que ese posicionamiento ha sido adoptado de manera «unilateral» por el ala del PNV, niega que se vaya a incumplir el reparto de atribuciones.

Ayer fue la propia ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, quien quiso entrar a aplacar la oposición frontal de los jeltzales y mitigar la pugna entre los socios de coalición al comprometerse a «cumplir escrupulosamente con la garantía competencial de las comunidades autónomas». La titular del ramo abrió por primera vez la puerta a negociar cambios en el proyecto y se comprometió a que el texto definitivo no invadirá las atribuciones vascas en este campo. «Estamos a tiempo de llegar a un acuerdo. Las puertas del Ministerio están abiertas para las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios», señaló en respuesta a las interpelaciones de PNV y EH Bildu en la sesión de control en el Congreso.

La primera en sacar el tema fue la soberanista Marije Fullaondo, que dijo compartir el «fondo» de la cuestión por la apertura de universidades privadas «sin los requisitos mínimos» y que «ya sabemos desde qué sectores se impulsan y con qué intereses». Sin embargo, la diputada de EH Bildu añadió que eso «no puede ser excusa» para «invadir competencias» pertenecientes a Euskadi. «Aseguren que van a ser respetadas», emplazó directamente a la ministra.

En ese mismo sentido, aunque con un tono bastante más duro, se pronunció el jeltzale Joseba Agirretxea. Coincidió en la necesidad de «controlar y vigilar» la calidad del sistema universitario, pero pidió que Euskadi «no pague los platos rotos» de lo que ocurre en otras comunidades, sobre todo Madrid. «No nos diga cómo hacerlo porque nosotros tenemos un mapa universitario perfectamente establecido con una red incardinada en el tejido social, cultural y económico de Euskadi», abundó el representante del PNV. De esta manera, emplazó al Gobierno central a «atender a las alegaciones» presentadas por el Ejecutivo Pradales y a llegar a un acuerdo para modificar el texto del decreto antes de su aprobación definitiva.