El Gobierno vasco presenta la Ley de Transparencia, que no se podrá aprobar antes de las elecciones

La necesidad de dotar a Euskadi de una Ley de Transparencia es algo que comparten todos los grupos. El problema es que nunca ha habido un consenso claro sobre cómo materializarla. Entre unas cosas y otras, el País Vasco es la única comunidad que no cuenta con una normativa de este tipo. Se intentó en la lagislatura que arrancó en 2012, la primera con Urkullu en Ajuria Enea, y en la de 2016. El éxito del texto presentado ahora por el departamento de Olatz Garamendi depende de que tras las próximas elecciones el PNV y el PSE-EE saquen mayoría absoluta. En caso contrario estará en manos de los apoyos que logre entre el resto de grupos.

La ley, presentada por Garamendi, impulsa «de forma integral la cultura de Gobierno abierto basada en los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana». Según recalca el Gobierno, la normativa «secunda los estándares internacionales» con la incorporación de la protección de las personas informantes sobre infracciones y lucha contra la corrupción. También prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia -Gardena-, un órgano ante el cual la ciudadanía podrá dirigirse para anteponer reclamaciones.

La satisfacción expresada por la consejera ha chocado con las críticas de la oposición. Para EH Bildu, «presentar esta ley en el tiempo de descuento de la legislatura a sabiendas de que no hay tiempo para tramitarla demuestra cuál es el nivel de interés que PNV y PSE le dan a la transparencia».

La norma fue aprobada por el Consejo de Gobierno a finales de noviembre. Ahora empieza su tramitación parlamentaria que, en cualquier caso, será breve. Si las elecciones son el 21 de abril, Urkullu tendrá que disolver el Parlamento a finales de febrero. La esperada Ley de Transparencia tendrá de nuevo que esperar.