El Gobierno vasco pide «reiniciar» el decreto de universidades de Sánchez y propone un plan alternativo

El Ejecutivo central lanzó en abril el proyecto de real decreto, que busca poner coto a la proliferación de unos centros privados que ya suponen un tercio de las matrículas en España y cuyo crecimiento supera por mucho a los públicos. El Departamento vasco de Universidades, así como la propia UPV/EHU, comparten el espíritu de la iniciativa, pero no algunos de los criterios propuestos ni los cambios competenciales que se plantean en el mecanismo de acreditación inicial o en la regulación de las universidades online, entre otros puntos.

La oposición al proyecto de la ministra Diana Morant ha causado un importante enfrentamiento en la coalición, ya que Universidades (el consejero es independiente pero pertenece a la cuota del PNV) anunció el rechazo en nombre de todo el Gabinete sin habérselo comunicado previamente al ala del PSE-EE. Los socialistas, encabezados por su líder Eneko Andueza, denunciaron una decisión «unilateral» y pidieron «explicaciones» a sus compañeros jeltzales. En los últimos días, en cambio, han optado por bajar el volumen de la disputa pública y trasladar los esfuerzos al plano privado.

Tras la fuerte polémica, este martes Pérez Iglesias ha querido hacer ver que su rechazo no supone cruzarse de brazos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero del ramo se ha reafirmado en su posición porque el proyecto supone una «recentralización de competencias autonómicas» y algunos de los requisitos planteados, como el mínimo de 4.500 estudiantes o la impartición obligatoria de titulaciones de al menos tres ramas de conocimiento, «dificultaría o impediría la especialización de las universidades y el desarrollo de proyectos singulares».

Sin embargo, el Departamento vasco de Universidades quiere contribuir a la solución. En la víspera de reunirse con el secretario de Estado, Juan Cruz, el consejero ha lanzado una propuesta para sustituir el conjunto de limitaciones propuestas por un nuevo esquema de certificaciones de calidad que permitiría asignar «con transparencia» diferentes sellos a las universidades: «La más alta serviría para identificar a las de más alto nivel y la más baja la obtendrían las universidades incapaces de poner en marcha o de desarrollar una actividad académica de tal nombre. Y las intemedias permitirían identificar buenos proyectos sin alcanzar el máximo nivel».

Según el plan del Ejecutivo de Imanol Pradales, los sellos de calidad serían asignados por las agencias correspondientes en virtud de la valoración «de la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad».