El Gobierno vasco llama a acabar con la «excepcionalidad» en la política penitenciaria

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha considerado este mediodía que «ha llegado el momento de acabar con la situación de excepcionalidad» en la política penitenciaria, en lo que a los presos de ETA atañe. Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Zupiria ha recordado que la postura de «los dos partidos que sustentan» al Ejecutivo «tanto en la pasada legislatura como en la anterior» siempre ha ido encaminada a reclamar el final de la dispersión. La clave reside en el momento político en el que se aborda esta cuestión, en plena negociación presupuestaria.

Que la política penitenciaria está sobre le mesa en los contactos que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez es palmario. Sobre todo, en lo que a EH Bildu se refiere. Y los gestos del Ejecutivo central en este sentido resultan evidentes. El pasado viernes, tras la polémica por la celebración de un 'ongi etorri' en Bilbao y por las palabras de Sánchez sobre el suicidio del preso etarra Igor González, Interior autorizaba el acercamiento en bloque de cinco reclusos de la banda terrorista. Lo hacía apenas dos días después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se reuniera con la portavoz de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua. EH Bildu asegura que su intención no es cambiar presos por Presupuestos, pero lo cierto es que la política penitenciaria es, sin duda, una de las teclas que el Ejecutivo podría tocar, aunque con «discreción», según reconoció el propio Iglesias. El propio secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, afirmaba hoy en una entrevista en ETB que «los presos políticos -en alusión a los de ETA-no son ni maltratadores ni pederastas, y tienen el apoyo de una parte importante de este pueblo». «Son unos supervivientes tras habérseles alargado el castigo con una ley penitenciaria que mata», ha espetado.

Bingen Zupiria evitó realizar comentario alguno sobre las palabras de Rodríguez, lo que sí subrayó es que la postura del Gobierno vasco, «y de los partidos que lo sustentan –PNV y PSE– es conocida«. Ya en la pasada legislatura, el entonces secretario para la Convivencia, Jonan Fernández, solicitó por escrito al Ejecutivo central que acerque a cárceles de Euskadi a los alrededor de 330 presos vascos o con arraigo en la comunidad autónoma que están en la actualidad repartidos por diferentes centros penitenciarios de España. Entre ellos, alrededor de 200 son de ETA. Desde Madrid rechazaron esta opción e insistieron en llevar a cabo un análisis individualizado de la situación de cada interno. A mediados de mayo, nueve formaciones políticas con representación en el Congreso, entre las que figuran el PNV, EH Bildu y Unidas Podemos, firmaron un manifiesto conjunto en el que urgían al Gabinete de Pedro Sánchez a flexibilizar la política penitenciaria con medidas como la excarcelación de los presos enfermos y el acercamiento «generalizado» de quienes «así lo soliciten». Tras el reciente suicidio de Igor González, los mismos partidos ahondaron en esta petición en un nuevo escrito.

Zupiria ha considerado hoy que «ha llegado el momento de acabar con situaciones de excepcionalidad» -terminología habitualmente utilizada por la izquierda abertzale– en la política penitenciaria. Una demanda, ha añadido, «en la coinciden la mayoría de los grupos del Parlamento vasco».