El Gobierno vasco gastará 840.000 euros en crear la Autoridad de la Transparencia
El nuevo ente, con una decena de empleados, se concibe como un órgano independiente, pero el presidente será elegido por el propio Ejecutivo
Euskadi contará, previsiblemente a partir del año que viene, con una Autoridad Vasca de la Transparencia, llamada Gardena, para garantizar que la Administración cumpla con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información. Según los cálculos iniciales del Gobierno vasco, impulsor de la iniciativa, la puesta en marcha del ente tendrá un coste de 840.000 euros, contará con una plantilla de diez personas y se concibe como un órgano independiente, aunque su presidente será elegido por el propio Ejecutivo autonómico y no por el Parlamento.
La creación de Gardena es la principal medida de la Ley de Transparencia que el Gabinete de Imanol Pradales remitió en abril a la Cámara y que pretende acabar con una situación de excepcionalidad, ya que Euskadi es la única comunidad autónoma sin una norma que regule esta materia. Iñigo Urkullu hizo tres intentos que decayeron por falta de apoyos o porque la iniciativa no llegó a tiempo para completar su tramitación, pero ahora la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE (39 de 75 escaños) y el horizonte sin elecciones facilitan su aprobación definitiva.
La iniciativa comenzó a ser debatida en el Parlamento antes del verano, ahora está en plazo para presentar enmiendas y seguirá su tramitación al volver de vacaciones para poder ratificar el texto antes de fin de año. Como en todos los proyectos de ley presentados por el Gobierno, contiene una memoria económica que calcula el impacto de sus medidas. En total, el informe estima que la aplicación de la nueva norma tendrá un coste de 940.000 euros, de los cuales 840.000 son directamente atribuibles a la puesta en marcha de la citada Autoridad Vasca de la Transparencia.
En concreto, el documento prevé un gasto de 720.000 euros en el personal, compuesto por un presidente con nivel de viceconsejero, dos responsables de división, dos letrados, dos técnicos superiores, dos administrativos y un secretario. Otros 100.000 euros corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios, y a inversiones reales. En este cálculo, sin embargo, no se contemplan costes como el establecimiento de la sede, el equipamiento o las aplicaciones tecnológicas, por lo que el montante final podría ser superior.
Podrá imponer sanciones
El nuevo órgano verá la luz como una «entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada». Será la máxima responsable en Euskadi del canal externo de recepción de los informantes o alertadores, un buzón protegido en el que se pueden denunciar actuaciones irregulares en la Administración. Tendrá potestad sancionadora para castigar infracciones previstas por ley, con multas de hasta 300.000 euros para personas físicas o incluso de un millón para personas jurídicas en los casos más graves.
La norma señala que Gardena actuará «con plena independencia en el ejercicio de sus funciones de las administraciones públicas y de cualquier interés empresarial o comercial». Su presidente, en todo caso, será elegido por decreto por el propio Gobierno vasco, a propuesta del consejero competente en materia de transparencia (actualmente es la titular de Gobernanza, Maria Ubarretxena), así que el Parlamento no tendrá ningún papel.
El alto cargo deberá ser una persona «de reconocido prestigio y competencia profesional» en el ámbito y su mandato durará cinco años con posibilidad a una única prórroga.
