El Gobierno vasco analizará la presión de ETA en los funcionarios de prisiones
Artolazabal homenajea #a Máximo Casado y presenta su equipo directivo a cuatro meses de recibir la transferencia de las 3 cárceles vascas
«No decías a nadie donde trabajabas. Recuerdo que siempre iba por la calle con miedo a lo que pudiera pasar. Aquello fue muy duro» ... . Es el testimonio de un funcionario de prisiones destinado en el País Vasco cuando ETA ejercía su dictadura del miedo. Mató a seis de ellos. Se llamaban Alfredo Suar, Ángel Jesús Mota, José Ramón Domínguez, Francisco Javier Gómez Elósegui y Manuel Pérez. El último fue Máximo Casado, asesinado en Vitoria hace ahora 21 años.
Este martes, en un gesto de empatía hacia la plantilla de esta institución, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, le rindió homenaje en la placa que preside el pasillo de acceso de Zaballa. La cárcel alavesa, más Basauri y Martutene, pasarán a depender del Gobierno vasco el 1 de octubre. El penal guipuzcoano será suplido por Zubieta en 2023.
Rodeada del equipo que comandará esta nueva competencia, la consejera alavesa anunció un estudio «en el que se reconozca las intimidaciones criminales» del colectivo de funcionarios de prisiones por «la sinrazón de la barbarie terrorista». El Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto será el encargado de llevarlo a cabo. Sus conclusiones se esperan para el próximo año.
«Nuestra dirección de Derechos Humanos va a seguir la misma fórmula de otros trabajos sobre concejales bajo la amenaza de ETA, ertzainas presionados o la difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi», señaló Artolazabal.
«Las víctimas, el eje»
El acto sirvió para que Artolazabal volviera a poner en valor el «modelo penitenciario vasco», que echará a andar en apenas cinco meses. «Las víctimas son y serán el eje sobre el que trabajamos». Su propuesta para los centros penitenciarios de la comunidad autónoma se basará en la «justicia restaurativa». En este contexto, la consejera alavesa suele hablar de «resocializar, reeducar y reinsertar». Su objetivo final es la «reinserción» de la población reclusa. Sólo en Zaballa hay unos 700 internos. Si se añaden Basauri y Martutene rondan los 1.200.
«Éste es un largo camino que necesita de un equipo humano, de profesionales que marquen el itinerario», agregó la viceconsejera Ana Agirre. De ahí que se presentara a la cúpula del nuevo equipo directivo. Tres directores se encargarán de esta nueva competencia. Son Jon Uriarte, Javier Landeta y Eugenio Artetxe. Y seis funcionarios «de reconocida valía» gestionarán este modelo ahora en fase embrionaria, del que penderán otros treinta trabajadores aún por contratar. Su mantra será reforzar vías de reinserción como «la formación y la inclusión social».
Aparte del juez Jaime Tapia, que ejerce de asesor, también estuvo presente el director de Zaballa, Benito Aguirre, conocido por ser unos de los impulsores de la 'vía Nanclares'. Preguntado por su opinión sobre la fórmula del Ejecutivo vasco, respondió que «claro que me gusta, llevamos unos cuantos años en esa línea. Tenemos un margen de mejora infinito y éste es un proyecto ilusionante».
El Gobierno vasco también recibirá en esta transferencia la vieja cárcel de Nanclares de Oca, ahora sin actividad y en un estado de semirruina. «No hemos decidido qué hacer», reconoció la viceconsejera Agirre. Antes de tomar cualquier camino, advirtió, «analizaremos las necesidades a 5 o 10 años vista y veremos la adaptación de estos edificios».
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