El Gobierno vasco se enreda con la gestión de las alegaciones al decreto de universidades

El 1 de abril el Ministerio de Ciencia y Universidades lanzó en el Consejo de Ministros el proyecto de real decreto, que endurece los requisitos para abrir centros privados. Y al día siguiente, habilitó un periodo de información pública para que los agentes concernidos remitieran sus alegaciones. El plazo finalizaba el viernes 11, pero el Ejecutivo de Imanol Pradales no remitió hasta el martes 15 su escrito, que denuncia una «invasión competencial».

¿Qué es lo que pasó? Después de atribuir el retraso a un «malentendido», ahora el Departamento de Pérez Iglesias asegura que las comunidades autónomas suelen tener una vía específica, distinta a la del resto de agentes, para enviar sus alegaciones ante un decreto, pero que en este caso en concreto, al haberse tramitado por la vía de urgencia -mecanismo que Lakua critica-, no se habilitó. De esta forma, el escrito se habría trasladado al Ejecutivo central como «una comunicación institucional entre administraciones públicas» y no como parte del «trámite de participación pública».

El consejero informó, además, de que en los próximos días se reunirá con representantes del Ministerio de Ciencia y Universidades para «asegurar que la nueva regulación respete el marco competencial y contribuya a fortalecer un sistema universitario plural, riguroso y de calidad». Pérez Iglesias aludió a ese objetivo fundamental e hizo un llamamiento a evitar «confrontaciones» y el «oportunismo político». Y es que horas antes la oposición ya había salido a criticar la gestión de su Departamento en la presentación de las alegaciones.

EH Bildu, por boca de su parlamentaria Oihana Etxebarrieta, mostró su «preocupación» e indicó que esta situación evidencia que el Gobierno vasco, «además de debatir en público sobre si el decreto invade o no las competencias, tampoco es capaz de anticiparse ni de actuar a tiempo para defender los intereses del país». Recordó, además, que el Ejecutivo autonómico ya se retrasó hace unas semanas en la presentación del recurso contra la sentencia que tumbaba artículos referidos al euskera en la ley municipal.

Desde el PP, por su parte, la parlamentaria Muriel Larrea planteó que sólo habría «dos explicaciones» para lo sucedido: «O por incompetencia o por miedo a perder a su socio, el PSE-EE, que es quien les mantiene (al PNV) en las instituciones vascas. Las dos, mal».