El Gobierno vasco y EH Bildu abren una vía de acuerdo en materia de residuos

Un asunto en el que jeltzales y socialistas, por un lado, e independentistas, por otro, han mantenido durante años posiciones antagónicas, duros enfrentamientos verbales y hasta judiciales. No hay que retrotraerse mucho en el tiempo, especialmente en Gipuzkoa, para encontrar ejemplos de lo diferentes que han sido las posturas de unos y otros. El puerta a puerta implantado por Bildu, la incineradora de Zubieta promovida por PNV y PSE, las acusaciones que han seguido a la tragedia del vertedero de Zaldibar hace dos años, las trabas impuestas por el Ayuntamiento de Bergara (EH Bildu) a la planta de tratamiento de residuos papeleros que se proyecta en la localidad...

Ayer, la Cámara de Vitoria era escenario de un debate monográfico en torno al Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, ya aprobado por el Gobierno vasco pero que fue llevado al Legislativo por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), con ánimo de incorporar aportaciones de los grupos de la oposición y ganar así adhesiones a un proyecto clave que busca solucionar uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Euskadi: cómo gestionar un excedente de 5 millones de toneladas de residuos industriales que se esperan generar hasta 2030 por encima de la capacidad de las instalaciones actuales de vertido o tratamiento tras los cierres de los vertederos de Zaldibar, Mutiloa y otros 15 en los últimos años, y la decisión de no abrir nuevos.

Lejos de revivir trifulcas del pasado, el debate se desarrolló en tono constructivo por parte de todos los partidos, que calificaron el plan de «ambicioso», mostraron algunas dudas respecto a las opciones de cumplirlo recordando que el anterior (2010-2020) quedó lejos de conseguirse y, con matices, mostraron su apoyo a los objetivos marcados y su disposición a aportar en positivo.

De hecho, la sesión sirvió para que PNV y PSE acordasen con la oposición hasta 17 enmiendas transaccionales que, en general, van encaminadas a reforzar los objetivos del plan a través de mayores sistemas de control y seguimiento, ampliación de ayudas a empresas y entidades locales para facilitarles cumplir las metas, impulsar sistemas eficientes de recogida selectiva, o la posibilidad de implantar en Euskadi una fiscalidad y una política de tasas medioambientales más intensiva que la que se plantee en el Estado. De esas enmiendas acordadas, 15 llevaban el sello de EH Bildu.