Sánchez propondrá a las autonomías en la Conferencia de Presidentes triplicar la inversión en vivienda

En primer lugar, el Ejecutivo propondrá triplicar la inversión pública en vivienda, que pasará de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030. De esa cifra, se compromete a aportar 4.000 millones «siempre y cuando las comunidades asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones».

En la misiva, Sánchez recuerda a los dirigentes autonómicos que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades «nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora» (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). «Es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler», explica Sánchez.

Además, el Gobierno planteará a las comunidades blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública para que no acaben siendo «descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados», sostiene el Ejecutivo, que recuerda que las administraciones públicas han construido 2,4 millones de viviendas protegidas que, en su mayoría, han terminado «en manos de fondos buitre».

Así, el Ejecutivo propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas «las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía».

Finalmente, las comunidades tendrán sobre la mesa una propuesta del Gobierno para «acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad». El Gobierno aboga por esa «transparencia» para «diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa».

De esta forma, Sánchez pide a los presidentes que estudien sus propuestas de «más financiación pública, menos especulación y más transparencia» para poder debatirlas «de forma serena y constructiva este viernes» y lograr «llegar a un acuerdo antes de verano«. «Los españoles y españolas no nos eligen para que nos tiremos los trastos a la cabeza o llevemos el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos, acordemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura», termina el presidente.

Su carta, como era previsible, ha tenido una fría acogida en el PP. «Demasiado tiempo pensando en la vivienda de Jésica y muy poco pensando en la de los españoles», respondieron los populares, que afirmaron que «la vivienda no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros». En ese sentido, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado la propuesta de Sánchez como «un anuncio publicitario» y la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado a Sánchez que «cambie» la Ley estatal de Vivienda, que «está agravando el acceso» a este derecho, en vez de ofrecer «muchas condiciones y pocas soluciones».

La Conferencia de Presidentes ha estado amenazada hasta el último momento por las autonomías populares, que reclamaban incluir en el orden del día, además de la financiación y de la vivienda, otros puntos, como la lucha contra la okupación, un plan energético para evitar apagones, control de fronteras y política migratoria, inversiones para evitar el caos ferroviario, el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía. El Gobierno, finalmente, cedió y aceptó las peticiones de los populares para salvar la cita de Barcelona.