Juicio al 'procés'

El Gobierno ofreció a Puigdemont una votación «simulada» en la calle para sortear el veto judicial

José Antonio Nieto, a diferencia del exministro Zoido, sí asumió ayer su responsabilidad sobre el operativo policial del referéndum./EFE
José Antonio Nieto, a diferencia del exministro Zoido, sí asumió ayer su responsabilidad sobre el operativo policial del referéndum. / EFE

El 'número dos' de Interior asegura que garantizaron al Govern que no intervendrían el 1-O si solo se hacía una movilización simbólica

MATEO BALÍN

El 'número dos' del Ministerio de Interior durante el 'procés', José Antonio Nieto, reveló ayer en el Supremo que el Gobierno planteó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que la jornada del 1 de octubre de 2017 se pudiera votar «en plazas o lugares abiertos», en una especie de consulta similar a la del 9 de noviembre de 2014. Intentaba así que el Govern no siguiera adelante con su plan independentista y evitara vulnerar la resolución previa del Tribunal Superior de Cataluña, que ordenó a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra «impedir la utilización de locales y edificios públicos», como colegios, para colocar las urnas.

Nieto, máximo responsable del dispositivo policial desplegado en Cataluña aquel otoño caliente, señaló que la oferta al Govern tuvo lugar en la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre, pero que el intento del Ejecutivo central de impedir la votación fracasó. «En ningún caso hubo el más mínimo gesto de cesión», aseguró. El ex secretario de Estado de Seguridad detalló que así lo manifestaron «todos los miembros del Gobierno de España» a los representantes de la Generalitat en dicha reunión. Allí estaban tanto Puigdemont, procesado en rebeldía, como el acusado Joaquim Forn, exconseller de Interior.

Según Nieto, el Gobierno les planteó que «si se trataba de evidenciar capacidad y movilización del independentismo», «no se iba a evitar», pero lo que no se aceptaría es que se celebrara «un acto expresamente prohibido, suspendido por el Constitucional y luego declarado ilegal». En ese sentido, apuntó que ofreció que se «simulara» el referéndum «en plazas de municipios o lugares abiertos, donde no se fuera en contra del mandato judicial». Sin embargo, añadió, no hubo ningún interés ni convicción en sostener el 1-O.

La Justicia había declarado «ilegal» la consulta y prohibió hacerla en «edificios públicos»

El borrador de Trapero

«Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. No hubo margen para ningún planteamiento alternativo», lamentó la mano derecha del exministro Juan Ignacio Zoido. Nieto agregó que ese ofrecimiento no se recogió en ningún acta oficial y que el encuentro fue «surrealista». Es más, desveló una bronca entre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo, y Puigdemont a cuenta del despliegue de los Mossos. Forn tuvo que intervenir para templar los ánimos.

El responsable de Interior recordó que fue el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien presentó un borrador del despliegue, pero que tanto Pérez de los Cobos como el fiscal presente le advirtieron de que era «claramente insuficiente». «Lo que ocurrió el 1-O se parece muchísimo a ese borrador», aseguró ayer Nieto. «La excusa era que habría niños pequeños y personas mayores votando», explicó el testigo.

De las más de cuatro horas de declaración, el despliegue del operativo se comió parte del tiempo. La defensa de Forn, el principal afectado por la declaración de Nieto, trató de demostrar que la Policía catalana ofreció su ayuda y que tanto el dispositivo como el mandato judicial priorizaron la seguridad ciudadana a la intervención de las fuerzas de seguridad. Un relato que rebatiría la tesis rebelde de la Fiscalía y el uso de los Mossos como brazo armado dentro de un plan «concertado». «Confiamos en ellos, pero legitimaron la consulta. En actuaciones de cinco minutos para recoger urnas tardaron horas. Su objetivo era mantener la convivencia, no cumplir la orden judicial», resumió Nieto.

Más débil fue su justificación de la retirada del operativo policial la tarde del referéndum pese a que el mandato judicial era para toda la jornada. No atendió a razones políticas por la dureza de las imágenes de las cargas, como consideran las defensas, sino por el «agotamiento físico» de las unidades. «No se les podía exigir más esfuerzo», apuntó Nieto.