La ley de vivienda empezó a negociarse en 2020, con José Luis Ábalos como ministro. Igor Aizpuru
Nueva ley de vivienda

El Gobierno limita al 3% las subidas del alquiler y carga al dueño los gastos de la inmobiliaria

El acuerdo con ERC y Bildu permite a todos los socios abanderar de cara al 28-M la norma más trabajosa de la legislatura

Sábado, 15 de abril 2023, 00:28

Ha sido una de las negociaciones más largas de la legislatura, con numerosos escollos y desencuentros, pero el Gobierno ya tiene cerrado el acuerdo con ... EH Bildu y ERC para aprobar la ley de vivienda que incluye la limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Todos los actores implicados, desde la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hasta la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, compartían el anhelo de presentar esta norma antes de la campaña del 28-M. La intención es que esté aprobada en un mes «como máximo». Y sus promotores lanzaron ayer un aviso a las administraciones que no la apliquen, anticipándose a un eventual rechazo de los gobiernos del PP: «Se enfrentarán al reproche de los ciudadanos». La vivienda es una competencia autonómica y si las comunidades o los ayuntamientos no quieren aplicarla será difícil que entre en vigor en el conjunto de España.

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Pero, a estas alturas y vista la dinámica de confrontación interna en la que han entrado los socios de la coalición, sacar adelante la ley de vivienda resultaba capital para Pedro Sánchez, empeñado en transmitir la idea de que, pese a la exteriorización de desavenencias graves -la más evidente y profunda, la que afecta a la ley del 'solo sí es sí'-, el PSOE y sus aliados son capaces de forjar acuerdos cuando de lo que se trata es de afrontar uno de los problemas más acuciantes para la sociedad española. «Han sido más de 800 las enmiendas presentadas a la norma que salió del Consejo de Ministros y se han transaccionado unas 400», subrayó en una comparecencia desde Marbella el portavoz socialista, Patxi López, para evidenciar su voluntad de entendimiento.

La semana próxima se producirá en el Congreso la votación definitiva de la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que los socialistas pretenden sacar adelante con el PP, y la foto será la de la fractura del bloque de investidura. Pero el acuerdo en vivienda aspira a tener algo de superador de esa imagen de quiebra coyuntural. Y como gesto hacia quienes han sido sus principales apoyos durante toda la legislatura, el PSOE dejó ayer que fueran ellos, ERC y Bildu, por un lado, y los morados, grandes impulsores de la ley, por el otro, los primeros en exponer el pacto alcanzado y en colgarse las medallas.

El acuerdo sirve para tratar de cerrar las heridas abiertas en el Gobierno con el 'sí es sí'

Negociación «difícil»

El camino para consumar este pacto incluido en el acuerdo de coalición ha sido arduo. Empezó en otoño de 2020, con un tira y afloja entre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y Ione Belarra, aún secretaria de Estado para la Agenda 2030, y ha concluido dos años y medio después. El último escollo fue la cifra del tope a los precios del alquiler para la renovación de contratos. Finalmente, será del 3% solo para 2024 -como marcó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño- y se revisará año tras año, nunca por encima del IPC. En 2023, seguirá estando en el 2%, según decretó el plan anticrisis por la invasión de Ucrania. «Ha sido la negociación más difícil de toda la legislatura, y teniendo en cuenta cómo ha sido la legislatura, es mucho decir. Hoy pierden los fondos buitres; las casas son para vivir, no para especular», se felicitó ayer Belarra.

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Para que una zona sea considerada tensionada deberá cumplir una de estas dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos (frente a los cinco propuestos por el Gobierno) por encima del IPC en los cinco años anteriores.

5 es el número máximo de pisos que podrá tener alguien en una zona considerada tensionada sin que sea definido como «gran propietario»

Desahucios

La satisfacción de las partes, al menos en público, era ayer máxima. «Por fin se regula el alquiler y se pone coto a las subidas descontroladas», defendió en el Congreso el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, junto a la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera.

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La parlamentaria de ERC desgranó otros aspectos de la norma como que la consideración de gran tenedor de vivienda baja de los diez a los cinco inmuebles siempre que estos se encuentren en la misma zona tensionada; que los gastos y honorarios inmobiliarios deberán ser abonados por el propietario; o que la fecha de los desahucios deberá ser comunicada previamente.

Algunas novedades del texto

  • Tope al alquiler El tope a todos los alquileres, establecido este año en el 2%, será del 3% en 2024. A partir de 2025, se creará un índice específico para todo el territorio. Aunque aún no se sabe cómo se calculará, se ha pactado que nunca pueda superar el IPC de cada año. En zonas tensionadas, tanto para contratos en vigor como antiguos, el tope cuando finalice el periodo de prórroga será el que marque el contrato en vigor, salvo que se pacte entre las partes. En todo caso, el propietario tendrá que mantener el precio si así lo solicita el inquilino.

  • Zonas tensionadas Solo habrá que cumplir una de las dos condiciones que establece la nueva norma pactada este viernes: que el coste de la hipoteca o del alquiler (más los gastos y suministros básicos) supere el 30% de la renta media del hogar; o bien que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. Las comunidades autónomas tendrán la potestad para declarar si hay o no zona tensionada, por lo que muchas comunidades podrían decidir no hacerlo.

  • Incentivos fiscales El Gobierno ha logrado mantener en el acuerdo los incentivos fiscales para los propietarios que ya se anunciaron hace un año. En concreto, habrá bonificaciones para los pequeños caseros que bajen los precios de sus contratos, de hasta el 90% sobre el IRPF si la rebaja es del 5% en zonas tensionadas. Si la vivienda se destina al alquiler social o a jóvenes de hasta 35 años, el incentivo llegará hasta el 70%. Para el resto de casos de bajadas de precios, el porcentaje será del 50%, frente al 60% general que regía con la legislación vigente en estos momentos.

  • Gastos Una de las grandes novedades es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. «Se termina así con una práctica abusiva que impide a muchas personas, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone», indican desde ERC y EH Bildu. Del mismo modo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente.

  • Gran propietario El Gobierno ya había dividido a los afectados por el control de precios que establece la nueva ley dependiendo del tipo de casero. Se considerará gran propietario a toda persona física y jurídica con más de cinco viviendas en la misma zona tensionada, frente a las 10 previstas inicialmente, aunque las comunidades tendrán la última palabra en este punto, según sus circunstancias concretas. En el caso de los pequeños propietarios (menos de cinco viviendas) en mercados tensionados, el límite de precio sería el establecido en el contrato anterior.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, otro de los negociadores por parte del Gobierno, también mostró su satisfacción: «Qué larga se le va a hacer la legislatura a la derecha, más larga que un día sin pan», ironizó.

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