El Gobierno impugna el veto a las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla

Tras el escándalo por el veto, que originó la semana pasada una tormenta social y política, la delegada del Gobierno, coordinada con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».

La polémica se inició la semana pasada a raíz de una moción de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.000 habitantes y con una amplia comunidad musulmana. Para el Ejecutivo, «se restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa.

«La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas», añade el documento.

En el texto de la formación dirigida por Abascal y aprobado con los votos del PP se apostaba por «defender las tradiciones del pueblo español» y se incluía la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos. Vox pretendía vetar, por ejemplo, la Fiesta del Cordero, que en los últimos años, junto al final del Ramadán, la población musulmana de Jumilla ha celebrado en el campo de fútbol 'Andrés Ibáñez'. El PP asumió la moción, aunque rebajó su contenido a través de una enmienda que consistía en permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas «para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento». Pero la polémica ya estaba encendida, con reproches desde los partidos de izquierdas, diferentes ONG y movimientos sociales.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dudó en aprovechar la polémica para cargar contra el PP y acusarle de xenofobia; los de Alberto Núñez Feijóo trataron de capear la tempestad, negaron cualquier tipo de discriminación en la medida y desde Génova avalaron la decisión de sus compañeros en Jumilla.

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha confirmado a LA VERDAD que, de no atender el Ayuntamiento el requerimiento del Gobierno de España, el siguiente paso sería que la Abogacía del Estado llevara dicho acuerdo al Contencioso-Administrativo, aunque también se están estudiando otras vías para conseguir la anulación de la moción aprobada.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha añadido que «frente a la deriva extremista» de PP y Vox, el Gobierno defiende «la Constitución, los derechos y la libertad religiosa». «Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», ha apostillado.