El Gobierno prevé dar el giro en política penitenciaria con más acercamientos este mes

Desde que el Ejecutivo anunciara su voluntad de propiciar el acercamiento a cárceles vascas de presos de la banda, el foco se ha centrado en Instituciones Penitenciarias, si bien hasta ahora, no se ha llevado a cabo ningún gesto de este tipo. El único traslado, que no acercamiento, salió a la luz este martes. Es el caso de Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo.

Ambos cumplirán el final de sus condenas en la prisión de Basauri tras acceder al tercer grado -ella en febrero, con el Gobierno del PP, y él, el pasado mes de julio-. Han cumplido tres cuartas partes de sus condenas y han roto con ETA, además de pedir perdón a las víctimas, pagar su responsabilidad civil y mostrar su voluntad de colaborar con la Justicia.

«No es un beneficio penitenciario. Hablamos del cumplimiento estricto de la legalidad», defendió ayer el delegado del Gobierno en Euskadi. El socialista Jesús Loza volvió a dejar caer, ahora bien, que «es posible» que se produzcan acercamientos de presos antes de que finalice el verano.

A este respecto y según ha podido saber este periódico, el Ejecutivo está analizando la posibilidad de traer a cárceles vascas a dos reclusos de ETA en los últimos días de agosto. Este movimiento aún no ha recibido el visto bueno definitivo. Una vez aprobados los acercamientos, se informará a los colectivos de víctimas. Todavía no les ha sido notificado formalmente paso alguno.

La incógnita reside en la identidad de los reclusos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aventuró el pasado mes de junio a avanzar que el Ministerio del Interior empezará el acercamiento de presos de la banda por los internos de edad avanzada y por aquellos que presenten mayores problemas de salud.

De los 219 presos de ETA actualmente en cárceles españolas, solo dos siguen entre rejas fuera de Euskadi a sus 70 o más años: Joseba Arregi Erostarbe, alias 'Fiti', y Sebastián Etxaniz Alkorta. En este grupo también se encontraba, precisamente, Santiago Arrozpide Sarasola, 'Santi Potros', que el pasado domingo quedó en libertad tras cumplir el máximo legal de su condena.

'Fiti', de 72 años, lleva 26 años en prisión. Actualmente preso en Villena (Alicante) fue condenado a más de mil años de cárcel por varios atentados. Formó, junto a Francisco Mujika Garmendia 'Pakito', y José Luis Álvarez Santa Cristina 'Txelis', la cúpula de ETA que fue detenida en marzo de 1992 en Bidart. Sus otros dos compañeros al frente de la dirección rompieron con la banda. 'Pakito' fue expulsado en 2005 de la organización y del colectivo de reclusos tras firmar una carta en la que apostaba por el final de la lucha armada.

Por su parte, Etxaniz Alkorta lleva 11 años en prisión tras ser detenido en 2007 después de que el presidente Hugo Chávez lo expulsara de Venezuela. Integró el 'comando Bizkaia' y fue condenado por cuatro asesinatos.

En cuanto a los reclusos con enfermedades graves, el colectivo de familiares Etxerat cifra en una veintena el número de presos que se encontrarían en dicha situación. En esa lista figura José Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', interno en Murcia II y aquejado de una cardiopatía isquémica grave. Jefe militar de ETA entre 1993 y 1999, ha sido condenado por atentados que suman más de veinte asesinatos. Fue procesado por ordenar el secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco. Su acercamiento, salvo sorpresa, no entraría por ahora en los cálculos del Gobierno socialista.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es consciente de que debe medir al milímetro cualquier movimiento en materia penitenciaria si no quiere echarse encima tanto a la oposición como a las víctimas. Prueba de que cualquier gesto puede ser objeto de polémica es el traslado a la cárcel de Basauri de Olga Sanz y Javier Moreno, ambos en régimen abierto.

Pese a que colectivos de damnificados como la AVT y Covite, especialmente vigilantes ante cualquier gesto, han asumido la legalidad del retorno de ambos presos al País Vasco, quienes sí mostraron su rechazo fueron el PP y Ciudadanos.

La secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, acusó a Pedro Sánchez de «poner en la agenda a los presos de ETA para hacer un favor a un PNV supeditado a EH Bildu», mientras que la formación naranja enmarcó dicho traslado en «las hipotecas», aseguró su portavoz Miguel Gutiérrez, que el presidente del Gobierno adquirió con los jeltzales a raíz de la moción de censura contra Rajoy. En una línea similar se expresó el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.