El Gobierno se abre a cambiar el decreto de universidades y aplaca la disputa PNV-PSE

El decreto, que endurece los requisitos para la apertura de centros de titularidad privada, ha sido recibido con un importante grado de rechazo tanto en la comunidad universitaria vasca –la UPV/EHU ya expresó su negativa– como entre las formaciones nacionalistas: PNV y EH Bildu. En todos los casos, no es tanto por el espíritu del proyecto, que busca acabar con lo que el Ejecutivo central denomina «chiringuitos», sino por la manera de hacerlo. Se ha activado la vía de urgencia y se contemplan cambios competenciales en el mecanismo para autorizar la creación de universidades.

La negativa del PNV ha generado una sonada disputa interna en el Gabinete de Imanol Pradales. El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, emitió el criterio desfavorable al decreto en representación de todo el Ejecutivo, pero no se lo comunicó previamente al sector del PSE-EE. Su secretario general, Eneko Andueza, no tardó en salir a denunciar una decisión «unilateral». En los últimos días los dos integrantes de la coalición han optado por rebajar el tono y trasladar sus diferencias al ámbito privado para que la situación se pueda «reconducir».

Aun así, ambos mantienen sus posicionamientos enfrentados y este miércoles tanto el PNV como EH Bildu han interpelado a la ministra Morant durante la sesión de control en el Congreso. La primera en sacar el tema ha sido la soberanista Marije Fullaondo, que ha dicho compartir el «fondo» de la cuestión ante la apertura de universidades privadas «sin los requisitos mínimos» y que «ya sabemos desde qué sectores se impulsan y con qué intereses». Sin embargo, ha añadido que eso «no puede ser excusa» para «invadir competencias» pertenecientes a Euskadi.

En ese mismo sentido, aunque con un tono más duro, se ha pronunciado el jeltzale Joseba Agirretxea. Ha coincidido en la necesidad de «controlar y vigilar» la calidad del sistema universitario, pero ha pedido que Euskadi «no pague los platos rotos» de lo que ocurre en otras comunidades. «No nos diga cómo hacerlo porque nosotros tenemos un mapa universitario perfectamente establecido con una red incardinada en el tejido social, cultural y económico de Euskadi», ha abundado el representante del PNV. De esta manera, ha emplazado al Gobierno central a «atender a las alegaciones» presentadas por el Ejecutivo Pradales y a llegar a un acuerdo para modificar el texto del decreto.

En respuesta a ambos diputados, Morant ha intentado mostrar un tono conciliador en todo momento y ha hecho varias apelaciones al entendimiento. «Las puertas del Ministerio están abiertas para las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios», ha respondido tras garantizar que el texto cumplirá el reparto competencial entre el Gobierno central y los ejecutivos territoriales. De hecho, ha precisado que en Euskadi el informe «vinculante» para la autorización de creación de una universidad dependerá de la agencia autonómica de calidad; en este caso, Unibasq. Es más, la ministra se ha deshecho en elogios al sistema universitario vasco y ha deseado que otras regiones «aprendan» del mismo.

La titular de Ciencia y Universidades también ha aprovechado para hacer una defensa cerrada del objetivo del decreto y se ha apoyado en datos que certifican cómo los centros privados están creciendo en mucha mayor medida que los públicos: en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública, pero sí 26 privadas, y en la última década las matrículas han subido un 2% en la pública y un 117% en la privada, que ya concentra casi un tercio del total. «En el marco de nuestras competencias, tenemos que asegurar que el sistema universitario siga siendo un ascensor social», ha argumentado.