El Gobierno cambiará la ley de víctimas para reconocer a los afectados sin ayudas

El ministro Fernando Grande Marlaska (abajo a la derecha) se reunió el mes pasado con una veintena de colectivos de víctimas./E. C.
El ministro Fernando Grande Marlaska (abajo a la derecha) se reunió el mes pasado con una veintena de colectivos de víctimas. / E. C.

El Ministerio eliminará el requisito que establecía el plazo de un año para presentar las solicitudes con carácter retroactivo a 1960

LORENA GIL

El Gobierno central eliminará el plazo que fija la ley para que una persona sea reconocida como víctima del terrorismo y, en consecuencia, pueda acceder a las ayudas a las que tiene derecho como tal. Hasta ahora, la normativa establece un máximo de un año desde que se produce el atentado o, en el caso de los heridos, desde que se recibe «al alta médica o la consolidación de las secuelas». El Ministerio del Interior, según confirmó ayer a EL CORREO, incluirá esta modificación en el proyecto de Presupuestos para 2019. «Debe reconocerse a la víctima por encima de plazos legales», defiende la directora de apoyo a este colectivo del Ejecutivo, Sonia Ramos.

La idea se viene gestando desde hace tiempo. Es más, es una vieja reivindicación de los colectivos de víctimas para evitar que muchos beneficiarios potenciales se queden fuera del sistema por una cuestión de meses e incluso días al no conocer los requisitos que recoge la legislación para ser considerada una víctima del terrorismo. «Hay personas que no pertenecen a ninguna asociación, otras que viven en el extranjero o hay casos en los que las secuelas aparecen tiempo después», enumera Ramos. La casuística es de lo más variada, lo que complica la posiblidad de cerrar una cifra oficial de afectados que se hallan ahora mismo en esta situación. Y no solo en relación a atentados antiguos, cuando el número de víctimas era mucho más elevado y la información brillaba por su ausencia, sino también a raíz de actos terroristas cometidos en las últimas dos décadas.

Prueba de que el plazo de un año que establece la ley pende cual 'espada de Damocles' sobre posibles beneficiarios de la normativa es la carta que la alcaldesa de Barcelona remitió -a petición de la Unidad catalana de Atención y Valoración de Atentados Terroristas- al ministro del Interior. En ella, Ada Colau trasladaba su preocupación ante la posibilidad de que algunas de las personas que sufrieron los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils, cuyo primer aniversario se cumplirá en agosto, pudieran no presentar sus solicitudes a tiempo para ser reconocidas como víctimas del terrorismo.

En su respuesta, que salió a la luz ayer, Fernando Grande Marlaska aseguró a Ada Colau que «los posibles casos» registrados en dichos actos terroristas que excedan el año marcado por ley «serán estudiados al detalle por el Ejecutivo para buscar una solución en la que, por supuesto, primen los derechos de las víctimas por encima de los plazos». Además, trasladó el compromiso del Gobierno y de su Departamento con las víctimas del terrorismo como «una prioridad incuestionable».

Hacienda y Congreso

La directora de Víctimas del Ejecutivo central reconoce que en los últimos años «se han recibido diferentes solicitudes» de posibles damnificados fuera de plazo. «Y siguen llegando», apunta. Para evitar una victimización añadida, el Ministerio del Interior ha echado mano hasta ahora del apartado de «ayudas extraordinarias» que se recoge en la propia ley. Este último permite «buscar una salida jurídica a las solicitudes mediante una interpretación generosa de la normativa en cuanto al año que se fija para ser reconocida como víctima», explica Ramos. «Lo que queremos hacer ahora es que no existan plazos», añade.

Este movimiento supondría la reforma del artículo 28 de la actual ley nacional de víctimas del terrorismo, que data de 2011. El objetivo es que «se vuelvan a abrir los plazos con carácter retroactivo desde 1960», remarca Sonia Ramos, lo que permitirá que todas las personas que en su día no fueron reconocidas como víctimas del terrorismo por una cuestión de fechas puedan volver a tramitar su solicitud.

La modificación de la ley estará sujeta a varios trámites. El primero, pasar por «el filtro de Hacienda». Y es que, según asumen desde el Ejecutivo, deberá hacerse un cálculo estimativo de lo que podrían suponer las futuras indemnizaciones. Las cuantías que figuran en la normativa oscilan entre los 75.000 euros por una invalidez permanente parcial, hasta los 250.000 por fallecimiento y los 500.000 euros por gran invalidez.

Una vez solventado este escollo, el Gobierno tiene previsto incluir dicha modificación en el proyecto presupuestario para 2019 que presente Pedro Sánchez. De no poder sacarlo adelante, ya que el presidente del Gobierno deberá convencer al PNV, Podemos y a los independentistas catalanes -los mismos que votaron a favor de la moción de censura-, no se descarta que la reforma de la ley tenga que solventarse vía decreto.

Las claves

La modificación
«Debe reconocerse a la víctima por encima de plazos», dice la directora de apoyo al colectivo
Próximo ejercicio
El objetivo del equipode Marlaska es incluir el nuevo texto en el proyecto de Presupuestos de 2019

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