El fiscal pide tres años y tres meses de prisión para Cristina Cifuentes por inventarse un máster

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. / Efe

La expresidenta madrileña indujo «a sabiendas» la falsificación del acta que acreditaba haber hecho el trabajo de postgrado

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

Tres años y tres meses de prisión y una multa de 30.000 euros. Es la petición de pena de la Fiscalía para la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por falsear la documentación oficial que acreditaba que había obtenido en 2012 un máster en Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos. El escándalo provocó la dimisión de la dirigente del PP en abril de 2018.

Cifuentes tenía por delante una carrera prometedora hasta que estalló el 'caso máster'. Formaba parte del reducido grupo de dirigentes del PP que aspiraba a suceder a Mariano Rajoy y era el bastión más firme de los populares para retener el Gobierno de Madrid. Hasta que la publicación en marzo del año pasado en eldiario.es de la información sobre el fraude con su máster universitario echó por tierra sus planes y los de su partido. El falso título de postgrado, sin embargo, no fue lo que motivó su renuncia. La difusión de un vídeo de 2011 en que se veía a Cifuentes robando unos cosméticos fue la estocada que acabó con su vida política.

La Fiscalía Provincial de Madrid anticipó hoy su petición de pena para un juicio que aún no tiene fecha para su celebración. La acusación pública señala en un comunicado que la expresidenta madrileña indujo «a sabiendas» la falsificación del acta que acreditaba la defensa un trabajo de fin de máster que nunca realizó. Un documento que utilizó como argumento exculpatorio ante los medios de comunicación para «evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».

De acuerdo al relato del Ministerio Público, Cifuentes, una vez conocida la información de que no tenía aprobadas todas las asignaturas ni había asistido a las clases ni había hecho el trabajo de fin de máster, pidió a la asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y profesora de la Rey Juan Carlos, María Teresa Feito, con la que tenía «buena relación», que «hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado». Petición que también trasladó al catedrático y director del Instituto de Derecho Público que impartía el máster, Enrique Álvarez Conde.

Feito, que sabía (según la Fiscalía) que Cifuentes no había aprobado las asignaturas y no había hecho el trabajo académico ni lo había defendido, aceptó la solicitud y, de acuerdo con Álvarez Conde, encargó Cecilia Rosado, directora del máster en Derecho Autonómico, que confeccionara un acta con «apariencia de verosimilitud» para acreditar que la presidenta madrileña había cursado los estudios y realizado el trabajo de postgrado. La profesora, «ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo» si no obedecía, elaboró el acta académica y envió el documento al rector de la Universidad que, ignorante de «las manipulaciones», defendió a Cifuentes en una conferencia de prensa celebrada el pasado 21 de marzo.

«Cortar la cabeza»

Ese mismo día, Feito llamó «hasta en 21 ocasiones», según la Fiscalía, a Rosado para conminarle a que la situación «debería quedar resuelta como fuere» y si no lo conseguía Cifuentes «les iba a cortar la cabeza» a las dos. Pero la falsificación enseguida fue detectada por la propia Universidad y por los medios de comunicación. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que contó con el respaldo de Mariano Rajoy y de la dirección del PP, se negó a pesar de todo a dimitir y culpó a la Rey Juan Carlos por su negligencia administrativa. Cifuentes, que hizo una encendida defensa de su versión, nunca mostró el trabajo de postgrado. Alegó que lo habría perdido en «alguna mudanza».

La difusión de la grabación del hurto de dos cremas que perpetró siete años antes en un supermercado desarboló su resistencia y el pasado 25 de abril dimitió después de tres décadas en cargos públicos de Madrid, también renunció a su escaño en la Asamblea autonómica y a la presidencia del PP madrileño. Desde entonces, guarda silencio y trabaja en París como organizadora de eventos en la empresa de una amiga.

La Fiscalía también pide tres años y nueve meses de cárcel para Álvarez Conde; tres años y tres meses para Feito; y 21 meses para Rosado porque confesó los hechos y colaboró con la investigación.

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