El fiscal pide cuatro años para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez

Pedro Antonio Sánchez, en diciembre pasado, llegando al Palacio de Justicia de Murcia para ser juzgado por el llamado 'caso Pasarelas', del que finalmente resultó absuelto./N. García
Pedro Antonio Sánchez, en diciembre pasado, llegando al Palacio de Justicia de Murcia para ser juzgado por el llamado 'caso Pasarelas', del que finalmente resultó absuelto. / N. García

El Ministerio Público le acusa de prevaricación, fraude de subvenciones y fraude por un edificio del que solo se construyó el 61%

RICARDO FERNÁNDEZMurcia

Cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para empleo y cargo público por un periodo de diecinueve años y una multa de seis millones de euros son las penas que el Ministerio Fiscal reclama para el expresidente de la Comunidad de Murcia y antiguo alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado 'caso Auditorio'. En su escrito de calificación provisional, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, lo considera autor de tres delitos: prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones en relación con todo el proceso de adjudicación y construcción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, que supuso una inversión de seis millones y que se recepcionó por parte del Consistorio lumbrerense pese a haberse ejecutado solo en un 61%. Para haber completado la obra, tal y como fue diseñada en su origen, habrían sido necesarios otros casi 2,3 millones de euros, según los informes periciales aportados a estas diligencias.

La investigación, que se inició en el año 2015 y que ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, está finalizada por completo y, una vez presentado el escrito de calificación por parte de la Fiscalía, ya solo resta que lo presente la acusación particular y la defensa para que la instructora, Consuelo Andreo, dicte auto de apertura de juicio. En la actualidad, el expresidente murciano del Partido Popular se ve ya irremisiblemente conducido al banquillo, en el que en esta ocasión estará acompañado de nuevo por el arquitecto Martín Lejarraga, con quien coincidió en el llamado 'caso Pasarela'. Ambos resultaron absueltos en ese proceso al quedar anulada la instrucción por la superación del plazo máximo legal para instruir el asunto, aunque esa resolución exculpatoria se encuentra pendiente de recurso.

Junto a Sánchez y Lejarraga serán también juzgados en los próximos meses quien fue la secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa constructora Ecisa, adjudicataria de las obras del Auditorio, Vicente Gimeno Merino. Mientras el arquitecto está acusado de los tres mismos delitos que el exalcalde lumbrerense, aunque en concepto de cooperador necesario, y se le piden dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación por espacio de 17 años y medio, para Caridad García se reclaman penas de dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación -por prevaricación continuada y fraude-, mientras que para el constructor Gimeno se solicitan igualmente dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por fraude.

«Ilícito encargo verbal»

Los hechos que serán objeto de enjuiciamiento se remontan al año 2005, cuando el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, con el ánimo de obtener una subvención de la Consejería de Cultura, «realizó un ilícito encargo verbal al arquitecto Lejarraga» para que realizara el proyecto de un teatro-auditorio. Siempre según la versión de la Fiscalía, a lo largo de 2006 este profesional presentó un anteproyecto, un proyecto básico y un proyecto de definición general, todo ello sobre una parcela de la rambla de Nogalte «que ni siquiera era de propiedad municipal».

Esa supuesta adjudicación verbal, realizada al margen de la ley de contratos, habría motivado las quejas del Colegio Oficial de Arquitectos, lo que habría llevado al primer edil lumbrerense a simular la convocatoria de un concurso de proyectos, con el único fin de «tratar de dar cobertura legal a lo ilícitamente hecho». La convocatoria la ganó Lejarraga, según el fiscal en un proceso preñado de irregularidades, y acabó ingresando por ello 335.484 euros.

Finalmente las obras se realizaron en una parcela distinta a la que había servido para realizar el proyecto y para conseguir la subvención de Cultura, a la que siempre se le habría ocultado el cambio de ubicación y del destino del dinero público, ya que se acabaron incluyendo obras no previstas ni autorizadas por la Comunidad, como tres edificios y un garaje.

Todo ello motivó, en palabras del acusador público, que el proyecto fuera «inviable técnica y económicamente desde su inicio» y acabó obligando a redactar un proyecto modificado, de forma que fue posible «certificar como finalizada una obra que quedó incompleta». En concreto, el Ministerio Público, apoyándose en los informes periciales que obran en la causa, sostiene que la obra solo se ejecutó en poco más de un 61% y que habrían sido necesarios otros 2,4 millones de euros para poder concluirla.

Certificaciones hinchadas

Para ir justificando el gasto de la subvención de seis millones recibida de la Consejería de Cultura, y evitar tener que devolver una parte de los fondos, se habrían ido firmando «certificaciones de obra incrementadas indebidamente en un 38,04%, a sabiendas, al contemplar dos veces el beneficio industrial y los gastos generales», además de haber efectuado «una mendaz certificación de acopios y haber simulado los trámites de final de obra, recepción y liquidación». Todo ello permitió incluso que el entonces alcalde Sánchez devolviera a la constructora Ecisa los avales de más de dos millones que había tenido que presentar.

A modo de resumen, el fiscal sostiene en su escrito -donde realiza una prolija descripción a lo largo de sus 56 páginas de extensión- que estos hechos «supusieron un quebranto reiterado de los principios que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas» y que se sorteó la ley «para poder anteponer la ilícita voluntad de los acusados».