La falta de apoyos complicará a Urkullu el cumplimiento del calendario legislativo

Las dos últimas pudieron impulsarse en el último pleno que celebró la Cámara de Vitoria antes de las vacaciones, el pasado jueves, una frenética jornada parlamentaria que puso de manifiesto las dificultades que el Gabinete Urkullu encara tras la decisión del PNV de apoyar la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez y desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. El PP no solo ha manifestado su intención de endurecer su oposición al Ejecutivo, sino que ha dado por rota formalmente la entente de hecho por la que venía favoreciendo la «estabilidad» del Gabinete. «Ya no confiamos en usted», le ha dicho Alfonso Alonso al lehendakari.

Es cierto que las tres leyes sancionadas hasta ahora han contado con el beneplácito de los populares pero también que la formación de Alonso, que el sábado insistió en que no le quedan «motivos» para respaldar a los jeltzales después de que les haya «mordido la mano», forzó junto al resto de la oposición a PNV y PSE a retirar en el último momento el anteproyecto de ley para la reforma de la RGI, uno de los 'proyectos estrella' del Gobierno vasco en la presente legislatura. Las fuerzas que sustentan al Ejecutivo prefirieron retirarla y aplazar así su tramitación hasta después del verano, con el consiguiente retraso en los plazos previstos, a escenificar su debilidad y verse obligados a devolver la modificación al cajón al unirse la oposición en bloque para rechazarla.

El panorama a partir de septiembre no va a resultar mucho más halagüeño. Fuentes del grupo popular admiten que PNV y PSE se verán obligados a partir de ahora a «arremangarse» y sufrir para negociar cada coma de las leyes, una vez roto el acuerdo tácito por el que garantizaban al Gobierno PNV-PSE, a un escaño de la mayoría absoluta, poder gobernar sin excesivos sobresaltos. Además, hay una dificultad añadida, nada menor, las elecciones municipales y forales de la próxima primavera, que impulsarán a EHBildu, Elkarrekin Podemos y al PP a marcar perfil opositor y escenificar un marcaje aún más duro al Gobierno.

De ahí que Urkullu podría verse en una situación similar a la de la pasada legislatura, en la que la oposición se mostró especialmente crítica con la escasa producción legislativa y la «pasividad» del Gobierno durante la primera mitad de su mandato. El Ejecutivo pisó el acelerador al final y logró ver aprobados algunos proyectos de gran calado político, como la Ley Municipal, de la que Euskadi aún carecía cuatro décadas después. No obstante, una decena de textos quedaron sin poder ser aprobados y se han rescatado en el programa legislativo que se está aplicando ahora. El texto solo marca los plazos de aprobación en el Consejo de Gobierno y no de finalización del trámite parlamentario para no pillarse los dedos. Aun así, el Ejecutivo deberá fajarse el próximo otoño para dar impulso a leyes de calado, como la de lucha contra la violencia de género o la de Policía.