Un fallo para la reflexión

O el juez Llarena no ha hecho bien su trabajo por exceso de celo punitivo, o la euroorden cruje, o ambas cosas a la vez

Carles Puigdemont./EFE
Carles Puigdemont. / EFE
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

La Audiencia territorial del estado alemán de Schleswig-Holstein volvió a sacar ayer los colores al juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, instructor del sumario contra los principales líderes independentistas catalanes del 'procés'. Y lo hizo de forma preocupante para el conjunto del sistema constitucional español.

Los magistrados germanos han decidido denegar la extradición a España del anterior president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ser juzgado por la comisión de un delito de rebelión o, en su defecto, de sedición. Entienden que la violencia en las calles catalanas no alcanzó la magnitud suficiente.

Sí acceden a que el político independentista sea entregado a la Justicia de nuestro país pero sólo para ser enjuiciado por malversación. En concreto por la presunta utilización de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Estamos, sin duda, ante un nuevo varapalo a la Justicia española. Un revés con evidentes consecuencias jurídicas, pero también políticas.

El presidente socialista Pedro Sánchez, tras conocer el pronunciamiento, prefirió ver la botella medio llena. «Lo importante -dijo- es que Puigdemont sea juzgado en España». Ya veremos. De momento lo que existen son motivos sobrados para que la política y la judicatura reflexionen sobre la sentencia.

Y es que se mire por donde se mire no puede considerarse normal que los líderes del fallido 'procés' que decidieron quedarse, tras saltarse la ley a la torera, lleven ocho meses y medio en prisión preventiva, y hasta hace unos días en cárceles situadas a cientos de kilómetros de sus casas. Y que quienes huyeron para sustraerse a la acción de la Justicia sigan en libertad en cuatro países: Bélgica, Reino Unido (Escocia), Suiza y Alemania.

Es evidente que en otoño pasado los principales dirigentes independentistas catalanes decidieron desbordar la ley, y que eso es delito aquí y en Sebastopol. Por tanto, o el juez Llarena se ha pasado de frenada por exceso de celo punitivo al insistir con el delito de rebelión -como alertaron políticos y juristas como el expresidente Felipe González-, lo que sería grave en todo un magistrado del Tribunal Supremo. O la euroorden no funciona bien tal y como hoy está concebida.

Los abogados de Puigdemont -exultante ayer como todo el movimiento 'indepe'- se apresuraron a anunciar que recurrirán el fallo para que el expresident no sea entregado ni por malversación. De no prosperar, ¿qué hará Llarena? ¿Aceptar el veredicto alemán? ¿Retirar la petición de extradición, con lo que el político catalán se vería obligado a seguir exiliado por tiempo indefinido so pena de pisar territorio español y entonces sí ser detenido y procesado por todos los delitos que se le imputan aquí?

Pero es que el caso tiene otra derivada. ¿Juzgará el Supremo a los líderes del 'procés' encarcelados en España por los delitos más graves, que conllevan penas de hasta 25 años de cárcel, mientras Puigdemont sólo podría serlo por malversación que está penado con hasta 12 años en los casos más graves? Sería difícil de entender para cualquier un ciudadano de a pié.

Nuevo material de agitación, pues, para los sectores más duros del independentismo que mañana marcharán en Barcelona para exigir la puesta en libertad de los políticos presos.

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