El PP exigirá a Urkullu una bajada fiscal en línea con la de Madrid para apoyar sus Presupuestos

Los populares exigirán como «condición» para plantearse el respaldo a las Cuentas que el Gobierno vasco -que participa en el diseño de las reformas fiscales con capacidad para hacer propuestas aunque la competencia legislativa es de las Juntas Generales- acceda a estudiar una rebaja en el IRPF. El tipo máximo en Madrid, el 43,5%, el más reducido de España, está muy por debajo del 49% que se aplica en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. De forma adicional, el PP vasco pondrá también sobre la mesa sus planteamientos favorables a suprimir Patrimonio -la exención total del tributo que grava el ahorro y penaliza por lo tanto a las grandes fortunas ya funciona en la comunidad gobernada por Ayuso- y suavizar Sucesiones. En la región del centro de España, ese impuesto está exento al 99% en las herencias de padres a hijos.

La posición de partida del PP, que ha seguido la misma senda al lograr el bastón de mando en Andalucía, es ambiciosa y, en principio, difícil de asumir para sus interlocutores. Pero no van a renunciar a esa bandera, máxime cuando el Gobierno vasco asume que la desacomplejada competencia fiscal de Madrid perjudica los intereses de Euskadi y puede propiciar una fuga de grandes contribuyentes, una «preocupación» que Alonso ya ha compartido con Urkullu en ocasiones anteriores. «El reto es ser más atractivos fiscalmente y desahogar a las clases medias», subrayan desde la dirección del PP vasco.

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que abrirá el mes que viene una nueva ronda con los grupos, ya con cifras encima de la mesa, no cierra la puerta de manera taxativa a posibles retoques fiscales, siempre y cuando no supongan una merma en la recaudación. El Gobierno vasco no quiere ni oír hablar de una caída en los ingresos en un momento en el que considera crucial recuperar la inversión pública, pagana de los estragos de la crisis. El clima preelectoral en el que se desarrollará la negociación, si Pedro Sánchez y Podemos no lo remedian antes, tampoco ayudará a acercar posturas.

El Gobierno vasco, que asume que el debate fiscal marcará el arranque del nuevo curso político, espera un «papel» de Alonso en las próximas semanas en el que se detalle en qué tramos, cuantías y plazos se pide aplicar los retoques impositivos. Ese último factor no es en absoluto baladí. PNV y PSE se agarran a la letra de lo pactado en 2017, cuando el PP logró forzar a cambio de su apoyo a los Presupuestos de Urkullu una rebaja en Sociedades que a los socialistas no les quedó más remedio que tolerar. Los socios se cerraron en banda a adelgazar el IRPF, pero los populares arrancaron el compromiso de revisar los tipos aplicados a las rentas medias y bajas en 2020. Ahora, el Ejecutivo insiste en ceñirse a esa 'hoja de ruta', por lo que, advierte, no será hasta el año próximo, una vez cerrada la recaudación del ejercicio en curso, cuando se aborde el «análisis» de los efectos de la reforma fiscal y se contemplen posibles retoques. «Entonces será cuando se valore. Es competencia de las diputaciones», zanjan. El Gobierno vasco, no obstante, debe recabar apoyos para evitar la devolución del Presupuesto antes de diciembre, por lo que cerrar algún tipo de compromiso 'en diferido' se antoja como la única solución viable.