Acusan a Iglesias y Montero de usar de niñera a un cargo público del Gobierno

El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero vuelven al ojo del huracán por una dura acusación procedente, de nuevo, de 'fuego amigo', de gente que formó parte de los cuadros de mando de Podemos y que fueron despedidos de forma fulminante por la misma dirección que sigue al frente de la formación. La responsable de Cumplimiento Normativo hasta diciembre de 2019, Mónica Carmona, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid en el que asegura que la pareja utilizaba como niñera a una empleada del partido, exdiputada del Congreso y ahora jefa de gabinete adjunta del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo.

El informe, adelantado por 'El Confidencial', forma parte del llamado 'caso Neurona', la investigación por el presunto delito electoral y financiación irregular consecuencia de las supuestas irregularidades internas que Carmona venía investigando cuando fue cesada. Según su denuncia, Arévalo fue contratada por Montero «para cuidar a su hija cuando la llevaba con ella al trabajo o a actos electorales». Además de ser 'ascendida' a la ejecutiva del partido, fue diputada del Congreso y al perder el acta en las últimas elecciones, fue 'fichada' por Montero tras consumarse el gobiernode coalición. Según este medio, tendría un sueldo cercano a 52.000 euros anuales, equivalente a la máxima escala funcionarial (30).

La noticia ha provocado que la oposición exija explicaciones de inmediato. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, calificó ayer los hechos de «algo muy grave» y exigió a la Fiscalía que abra una investigación al sospechar que hay un posible delito de «malversación». A su juicio, ese supuesto «se llama malversación impropia en el Código Penal», es decir, «destinar fondos públicos para satisfacción de necesidades y fines particulares». Incluso en el caso de que los hechos no lleguen a la categoría de delito, el también abogado del Estado en excedencia tiene claro que hay «un supuesto de responsabilidad por alcance» ante el Tribunal de Cuentas, ya que supondría «un mal uso de fondos públicos».

Por otra parte, Carmona también ha denunciado ante el juez que «el responsable de Finanzas (Daniel de Frutos) propuso crear una 'cuenta separada' para destinar los importes percibidos por el partido en materia de costas a sufragar las costas procesales que tuvieran que abonar tanto el partido como el señor Pablo Iglesias o la señora Irene Montero si fuesen condenados en alguno de los juicios civiles particulares en los que intervenían».

En concreto, precisa que Iglesias resultó beneficiario de la condena en costas por importe de 7.730 euros dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre protección del derecho al honor. De acuerdo con Carmona, las costas fueron abonadas al líder de Podemos a pesar de que tanto los honorarios de la abogada, Marta Flor, como de la procuradora, Isabel Afonso, corrieron a cargo del partido.

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