Examen a un año de Gobierno de Pradales: conflictos zanjados y nuevos problemas

Para intentar apagar el incendio desatado en Sanidad, Pradales apostó por Alberto Martínez, un anestesista hasta ese momento alejado de la primera línea política que era jefe de servicio en Cruces, para sustituir a Gotzone Sagardui. En estos doce meses el nuevo responsable de Salud ha conseguido el objetivo principal para el que fue nombrado: rebajar la tensión. Lo ha hecho con una mezcla de diálogo y dinero. Ha mejorado las condiciones laborales y de trabajo en algunas áreas y ha impulsado la Mesa de Salud.

Se trata de un foro plural que busca lo que pidió Pradales en su investidura, «acuerdos entre diferentes». Están todos los partidos, sindicatos (salvo ELA), patronal, colectivos profesionales... Ha habido avances, pero no definitivos. En teoría, a finales de este mes está previsto que se firme el Pacto de Salud, pero ni mucho menos está claro que lo suscriban la treintena de agentes que forman parte de la mesa.

Educación es una de las áreas más peliagudas. El lehendakari ha mostrado su preocupación por el rendimiento académico de los estudiantes vascos. «Necesitamos un sistema de calidad, integrador, que garantice la igualdad de oportunidades y que dé los mejores resultados», dijo en el inicio de curso. Para ello, a finales de octubre se puso en marcha un comité de expertos, aunque de ese foro tampoco ha salido a día de hoy ninguna propuesta concreta.

Lo que sí ha hecho el Departamento de Educación ahora liderado por Begoña Pedrosa es tratar de resolver los conflictos laborales. En la privada con una inyección de 67 millones y en la pública, de 100. La sensación, aun así, es que la paz educativa es inestable. Los malos datos de los estudiantes en informes como Pisa, el papel del euskera, la necesidad de adecuar el número de centros a la caída de la natalidad o la previsión de nuevos conflictos laborales dibujan un horizonte que en cualquier momento se puede llenar de nubarrones.

Las protestas de los ertzainas se convirtieron en uno de los mayores dolores de cabeza de Urkullu en su último periodo como lehendakari. La tensión llegó a niveles máximos con la aparición de Ertzainas en Lucha, una plataforma ajena a los sindicatos que canalizó el malestar de muchos agentes. El conflicto se cerró en enero, cuando se anunció un acuerdo entre el Departamento de Seguridad, dirigido por Bingen Zupiria, y la mayoría sindical, formada por Erne, Esan y Sipe. Se ponía fin a más de una década de conflicto y se alcanzaba la paz interna hasta 2028 tras un incremento salarial de un 10% de media para los agentes.

La seguridad tiene otra derivada. Y no tiene que ver con la gestión del Gobierno vasco, sino con la percepción que empieza a calar en la sociedad de que crece la inseguridad en las calles. Una sensación basada en algunos datos reales y que ya preocupa al Ejecutivo.

La vivienda ha estallado como uno de los principales problemas a los que se enfrenta Pradales. Cuando llegó a Ajuria Enea el acceso a un alojamiento ya se había convertido en una pesadilla para muchos vascos. Pero eso ha ido a más. La subida de los precios ha encendido las alarmas. La semana pasada se escenificó esa preocupación con la comparecencia conjunta de Aitor Esteban y Eneko Andueza. Los dos socios quisieron mostrar que habían recuperado la sintonía, y que eligiesen la presentación de un plan de «choque» sobre vivienda evidenciaba hasta dónde llega la inquietud.

Ese documento que registraron en el Parlamento es la Ley de Medidas Urgentes que pretende acelerar la construcción de vivienda. Un proyecto impulsado por el consejero Denis Itxaso, cuya tramitación requerirá tiempo. Para intentar acelerar los plazos se trabaja con un decreto que se quiere aprobar antes de que finalice el año y que plantea elevar de uno a tres años el empadronamiento mínimo exigido para poder participar en los sorteos de VPO. Desde hace unas semanas son, por primera vez, más de 100.000 los solicitantes registrados en el servicio para alquilar (80%) o comprar (20%).

La pregunta de Pradales sobre «qué inmigración necesitamos y cuál nos llega» causó la mayor disputa hasta la fecha entre los socios de gobierno, con un nivel de reproches mutuos nunca visto. Ambos acabaron fumando la pipa de la paz tras unos días en los que Andueza llegó a dudar del futuro de la coalición, pero el enfrentamiento ha dejado heridas que evidencian las profundas diferencias que PNV y PSE-EE mantienen respecto a la gestión migratoria.

Se trata de un desafío de primera magnitud en todas las sociedades desarrolladas, también en Euskadi, donde los extranjeros suponen el 13,5% de la población total. En esta materia, Pradales ha querido tomar la iniciativa en lo relativo a la acogida de menores dada la saturación de los centros forales y ha acordado iniciativas con Canarias, la comunidad más presionada.

Uno de los grandes objetivos que el lehendakari se ha puesto para lo que resta de legislatura es llegar para 2027 a un consenso político y social para la revitalización del euskera. A la espera de que en septiembre comiencen los trabajos, el PNV busca a corto plazo un pacto para blindar por ley la exigencia lingüística en las OPE frente a la catarata de sentencias en contra. Los jeltzales quieren llegar a un acuerdo con su socio, pero el PSE-EE rechaza acometer reformas y hace que el margen de entendimiento sea prácticamente nulo. Bajo el atento seguimiento de Pradales, Sabin Etxea quiere andar con pies de plomo para no precipitar una nueva crisis, pero ya ha amagado con presentar una iniciativa por libre, algo que a buen seguro tensionaría la coalición.

«Caos» es el término que emplean los sindicatos para describir la situación laboral en las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene, en manos del Gobierno vasco desde la delicada transferencia en octubre de 2021. Casi un centenar de funcionarios se han marchado a centros penitenciarios de otras comunidades, una «desbandada» que las centrales atribuyen al empeoramiento de las condiciones de trabajo desde que la competencia es de Euskadi. Otro factor a tener en cuenta en este apartado es que desde el traspaso el Ejecutivo autonómico gestiona la concesión de progresiones de grado a los presos; entre ellos, a los de ETA una vez finalizada la dispersión. Según los datos de la AVT, ya se han concedido más de un centenar de regímenes de semilibertad.