El pasado 21 de marzo, el lehendakari Imanol Pradales promovió la apertura de una ponencia parlamentaria dedicada a la «mejora de la calidad democrática» en ... Euskadi. Ante el clima de polarización y desafección política que atraviesa a las sociedades europeas, instó a los grupos parlamentarios a participar en un «debate público» para establecer un «marco normativo amplio y de vanguardia» que fortalezca la democracia frente a amenazas globales como el auge del autoritarismo y la desinformación.
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Tras este impulso, el pleno del Parlamento vasco aprobó el pasado 19 de junio una proposición no de ley que formalizaba la creación de la ponencia, que a partir de septiembre deberá sentar las bases normativas para avanzar hacia una mejora democrática en Euskadi. Esta iniciativa se desarrollará en paralelo a la tramitación de la esperada Ley de Transparencia, una norma largamente reclamada que, de salir adelante, permitirá reforzar los mecanismos de acceso a la información pública y la rendición de cuentas. No es un detalle menor: Euskadi ha sido hasta ahora la única comunidad autónoma del Estado sin una ley de transparencia propia. Todo ello se está llevando a cabo con poco ruido y escaso eco mediático. La actividad política vasca transcurre a un ritmo calmado, alejado de la crispación que caracteriza a la política estatal, esa que tanta atención acapara.
Precisamente al mismo tiempo, en la calle Ferraz -y con réplicas en Navarra-, el escándalo de corrupción protagonizado por Ábalos, Santos Cerdán y Koldo resquebrajaba la gobernabilidad en Madrid, minaba la confianza de los ciudadanos en Pedro Sánchez y colocaba al Gobierno de coalición ante su momento más vulnerable e inestable desde el inicio de la legislatura, en octubre de 2023.
En plena tormenta política, Sánchez intentó frenar la hemorragia con la rápida destitución de Cerdán, la renovación del comité federal del PSOE y la celebración de un pleno específico sobre corrupción en el Congreso, donde presentó un ambicioso plan estatal contra la corrupción con 15 medidas de aplicación urgente. Un esfuerzo loable por recuperar la confianza perdida.
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Pero la pregunta ya no es solo si será suficiente para garantizar la continuidad de la legislatura, sino si podrá sacar adelante esas medidas con el respaldo de unos socios que muestran signos de fatiga. Las urgencias de Sánchez por contener una gran crisis de confianza contrastan con la reflexión pausada de Imanol Pradales, amparado por el margen que ofrece una legislatura menos crispada. Dos procesos que coinciden en el tiempo, pero que revelan dos momentos de intensidad política antagónica. Mientras Madrid, hierve; Euskadi, piensa.
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