España se mira en el espejo de Francia para acercar a presos de ETA sin delitos de sangre

El presidente Pedro Sánchez durante su reunión en la Moncloa con el presidente francés Emmanuel Macron./Afp
El presidente Pedro Sánchez durante su reunión en la Moncloa con el presidente francés Emmanuel Macron. / Afp

El Gobierno central contempla iniciar su giro en la política penitenciaria con reclusos sin condena como autor material y enfermos

LORENA GIL

España quiere mirarse en el espejo de Francia a la hora de decidir cuáles serán los primeros acercamientos de presos de ETA a Euskadi. Consciente de que cualquier movimiento puede soliviantar a las víctimas y a los partidos de la oposición, el Gobierno central quiere calcular bien sus pasos. Medir los riesgos. En este sentido, sus responsables estudian seguir el ejemplo del país vecino y arrancar su giro en la política penitenciaria con el traslado de reclusos sin delitos de sangre -que no hayan sido condenados como autor material de ningún crimen- y enfermos graves.

La noticia esta pasada semana del traslado de dos reclusos disidentes de ETA desde Asturias a la cárcel de Basauri para finalizar sus condenas en régimen abierto ha sido un primer gesto. Pero no el definitivo. O al menos, no el que marcará el arranque del cambio en la política penitenciaria del Gobierno central. Como adelantó este periódico, se prevé que ese momento pueda llegar a finales de este mes de agosto -es decir, en cuestión de semanas- con los dos primeros acercamientos oficiales.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se intentará que no sean reclusos «polémicos», aseguran. La misma línea que siguió Francia con sus primeros traslados. Buscarán, en ese sentido, presos que no se hayan significado públicamente y que no se sitúen en la línea más dura. Es decir, que carezcan de delitos de sangre en grado de autoría y aquellos en edad avanzada o cuyo estado de salud sea especialmente grave.

En esa lista figura Kepa Arronategi Azurmendi, condenado por intentar matar al Rey Juan Carlos durante la inauguración del museo Guggenheim en Bilbao en octubre de 1997. Durante los preparativos del atentado y tras ser descubiertos, los miembros del 'comando Kattu', al que pertenecía, mataron al ertzaina José María Aguirre. Arronategi no fue quien efectuó los disparos. En la actualidad sufre una grave patología psicótica y se prevé que sea uno de los primeros acercados.

El modelo galo

El ejemplo de Francia está muy reciente. El Ejecutivo de Emmanuel Macron reveló el pasado mes de enero su decisión de atender las peticiones individuales de varios presos de ETA e iniciar su acercamiento a cárceles próximas a Euskadi. Según reveló a este diario el Ministerio de Justicia galo, los internos serían llevados a los centros de Mont de Marsan (Las Landas) y Lannemezan (Altos Pirineos), los más cercanos a la frontera. Aseguraron, ahora bien -así se lo hicieron saber a los colectivos de víctimas- que no se tomaría ninguna medida colectiva y que no se trasladaría, al menos de inicio, a ningún recluso «con delitos de sangre ni a aquellos con condenas o causas pendientes en España». También valorarían la situación de aquellos reclusos a los que les quedaran menos de tres años de cumplimiento de pena.

Los primeros movimientos tuvieron como beneficiarios a Zigor Garro Pérez, 'Tonino', que fue jefe del aparato logístico entre 2004 y 2006, y a Julen Mendizabal Elezkano, exmiembro de la logística militar que se dedicó al robo de vehículos en Francia. Mendizabal fue trasladado a la prisión landesa desde la cárcel de Osny, situada en la periferia de París. Se encontraba en la recta final de una condena de siete años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas. Su liberación estaba ya entonces fijada para el pasado 7 de mayo.

El acercamiento de Zigor Garro a Mont-de-Marsan, por su parte, se aceptó a raíz de la retirada previa en otoño del estatuto de «detenido particularmente señalado» (DPS). Fue arrestado en 2006, en plenas conversaciones entre los interlocutores de ETA y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la tregua que saltó por los aires con la bomba de la T-4. En el juicio, celebrado a finales de 2014, Garro leyó un escrito en el que aseguraba a las «víctimas inocentes» de ETA sentir «su sufrimiento como propio». También dijo reconocer «las responsabilidades de nuestras propias acciones».

Ambos acercamientos no levantaron polvareda alguna. Fueron interpretados como pasos estrictamente legales. A principios del pasado mes de julio, Francia tenía ya a casi la mitad de los presos de ETA -la colonia penitenciaria ronda el medio centenar de miembros- en cárceles cercanas a Euskadi. Entre los trasladados, eso sí, figuran presos con delitos de sangre y causas pendientes en la Audiencia Nacional, pese a que esos perfiles se excluyeron en una primera fase.

Un dossier en herencia

La decisión del Ejecutivo de Macron elevó la presión sobre España. Lo hizo sobre el Gabinete de Mariano Rajoy. El Gobierno vasco no dudó en emplazar al entonces presidente a seguir el mismo camino. Su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó entonces mantener una «colaboración total» con Francia, «también en el ámbito de los presos», pero optó por marcar distancias con el país vecino.

Ahora bien, Instituciones Penitenciarias encargó en febrero, poco más de dos meses antes de que ETA anunciara su disolución, un censo pormenorizado y con datos personales de los internos de la banda terrorista que se encuentran en segundo grado y sus progresos en la reinserción, así como de la situación de los reclusos enfermos.

El 1 de junio, Pedro Sánchez lograba sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy. Fue el Gobierno socialista el que heredó el dossier encargado por el PP. Y quien anunció sin reparos su intención de propiciar los acercamientos, con la vista puesta en la estrategia seguida ya por el país galo. El Ministerio del Interior ha dado luz verde a que las juntas de tratamiento de las 45 cárceles españolas en las que se concentran los 218 presos de ETA puedan estudiar semanalmente los casos de los internos. Serán estas últimas las que propongan los posibles traslados en base a criterios como la edad, el estado de salud, el tiempo en prisión o si han pedido perdón a las víctimas. La decisión última, ahora bien, corresponde a Fernando Grande Marlaska como máximo responsable del Ministerio del Interior.

16 reclusos con enfermedades «muy graves»

El listado de presos de ETA que maneja Etxerat, la asociación de familiares, señala que de los 218 reclusos que cumplen condena actualmente en cárceles españolas 19, padecen enfermedades «muy graves» que van desde los problemas psicológicos a las patologías degenerativas y el cáncer. Tres de los etarras señalados en la lista ya están internados en centros vascos -Ibon Iparragirre, 'Txus' Martín y Aitzol Gogorza-, mientras que otro buen número tienen complicado ser elegidos en la que sería primera fase de acercamientos por el Ministerio del Interior, ya que están condenados por delitos de sangre.

Entre los presos enfermos se encuentra, entre otros, José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', histórico dirigente de ETA condenado por ordenar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco -padece problemas coronarios. También Mikel Arrieta Llopis -se le atribuyen cinco asesinatos- con una degeneración vertebral, y Joseba Borde Gaztelumendi 'Putxe', que participó en una veintena de atentados en los que perdieron la vida 16 personas.

Tras la reciente excarcelación de 'Santi Potros', Etxerat también contabiliza dos presos de más de 70 años -Sebastián Etxaniz (75) y Joseba Arregi (72)- y otra veintena que superan los 60. Hay doce etarras que llevan en prisión más de 25 años.

 

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