La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más

Los agentes comprendieron que esos jóvenes estaban analizando los movimientos de los furgones policiales. Su objetivo –pensaron– era comprobar cómo se organizaban en el marco del dispositivo diseñado para tratar de evitar incidentes. «Querían ver por dónde podía ser más fácil romper el anillo de seguridad para atacar a los ertzainas y a los ultras de la Falange», explican las fuentes consultadas por este diario.

Las sospechas de los agentes se confirmaron poco después. Decenas de radicales atacaron a seis ertzainas de seguridad ciudadana que custodiaban uno de los accesos a la plaza de la Provincia. Sólo uno de los policías disponía de un lanzador de proyectiles antidisturbios SIR, el menos lesivo de los que dispone la Ertzaintza. Los radicales iban casi todos vestidos de negro. Muchos con capuchas y guantes para evitar ser identificados. Les lanzaron piedras, bengalas y todo tipo de objetos.

Los agentes no contaban con formación especializada en orden público. Tampoco tenían apoyo cercano de las unidades antidisturbios y tuvieron que retroceder mientras seguían recibiendo golpes. Fue en ese momento, cuando se rompió el frágil anillo de seguridad de la plaza vitoriana, cuando comenzaron las agresiones cuerpo a cuerpo entre ambos grupos de radicales.

Aquel ataque fue el inicio de los graves disturbios que se produjeron después, unos episodios de violencia callejera que pusieron «patas arriba» Vitoria y que se saldaron con una veintena de detenidos y cerca de medio centenar de heridos. El propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, reconoció que la Ertzaintza no logró garantizar la seguridad y atribuyó lo ocurrido a «la actuación violenta e ilegal de grupos de manifestantes, que crearon una sensación de caos durante varias horas en el centro de la ciudad».

Lo más grave del asunto –y lo que preocupa especialmente a los expertos policiales– fue que los altercados nacieron como un acto de «violencia organizada» con «preparación previa». No fue un acto espontáneo. Y los datos que se manejan hasta ahora corroboran esa hipótesis. Pero, además, indican otras dos claves que hay que tener en cuenta, según los mismos medios. Por un lado, fuentes especializadas insisten en que nos encontramos ante un «nuevo» tipo de violencia callejera, distinta a la que se vivió en Euskadi durante décadas. La antigua 'kale borroka' estaba marcada profundamente por las reivindicaciones nacionalistas y estaba muy vinculada al mundo de ETA. «Esto ha cambiado», explica el experto en seguridad César Charro. Lo que vivimos ahora es distinto. Las reivindicaciones violentas relacionadas exclusivamente con temas identitarios prácticamente «han desaparecido» de nuestras calles. Y, en un mundo cada vez más polarizado, con la extrema derecha ganando peso en muchos países europeos, en Euskadi la violencia callejera ha girado en defensa de cualquier asunto que se considere «antifascista». «Están organizados. Los incidentes son muy parecidos a las que se producen en otros países europeos», explican fuentes policiales.

Hay otro asunto relacionado con los disturbios de Vitoria que preocupa a los especialistas: la convicción de que el problema «va a ir a más» y que se puede volver a manifestar en los próximos meses en las calles vascas. Hay un dato que preocupa en este sentido: los más de 5.500 euros en billetes pequeños que se encontraron en Vitoria en el coche de uno de los manifestantes, estrechamente vinculado a una de las organizaciones que convocaron las contramanifestaciones y que arrastra diversos antecedentes por hechos similares. La Ertzaintza sospecha que el dinero que encontraron a este chico, de 23 años, se utilizaba para sufragar los gastos de los jóvenes que acuden a las movilizaciones.

La previsión de que estos altercados puedan repetirse también se sustenta en la idea de que, al contrario de lo que sucedía hace décadas, la izquierda abertzale ortodoxa no tiene la suficiente influencia en estos jóvenes. Sindicatos de la Ertzaintza han mantenido reuniones con representantes de EH Bildu en este sentido. Los dirigentes políticos han relatado a los delegados sindicales que tratan de frenar los ataques genéricos contra la Ertzaintza con el argumento de que hay que diferenciar entre la institución y las personas que realizan determinadas actuaciones policiales. Pero, en un ambiente de competición entre los distintos grupos juveniles que orbitan en el entorno de la izquierda abertzale, «nos dicen que estos ataques están fuera de su control», insisten los mismos medios sindicales.

A todo esto hay que sumar la sensación de «impunidad» que tienen muchos de los que provocan altercados. Muchos radicales han «perdido el miedo» a la represión policial y a la actuación de la justicia, explica Charro. Saben que las actuaciones de los antidisturbios están «muy limitadas» y que las sentencias tardan tanto en dictarse que muchos piensan que lo que han hecho no tiene consecuencias. Y eso, advierten los especialistas, aumenta el riesgo de reincidencia y la sensación de desprotección de los policías.

Desde una perspectiva más general, los expertos subrayan que lo que pasó en la capital alavesa la pasada semana fue singular en la medida en que se unieron numerosos grupos –como GKS, Ernai y Jardun– que están enfrentados entre sí por asumir el liderazgo de la lucha antisistema en Euskadi. Entre ellos se lanzan constantes ataques, se acusan de «españoles», «burgueses», «traidores», pero aparcaron sus diferencias para atacar a los ultras de la Falange.

A los especialistas también les llamó la atención la distinta procedencia de los detenidos, que ahonda en la idea de que todo estuvo planificado. Los arrestados tenían entre 18 y 38 años. Cinco eran de Bizkaia, cuatro de Navarra, cinco alaveses, cuatro de Gipuzkoa y una de Iparralde. Están acusados de vandalismo, lanzamiento de objetos y desórdenes públicos. Muchos tenían antecedentes por delitos similares cometidos en sus lugares de origen y otros tantos habían sido arrestados –o identificados– durante altercados relacionados con los partidos de los equipos de fútbol vascos. Otros muchos también participaron en las algaradas registradas tras los actos de Vox en el País Vasco.

La Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen un seguimiento de estos grupos. Las fuentes consultadas insisten en que es difícil determinar el número exacto de jóvenes susceptibles de participar en este tipo de altercados violentos. En la actualidad, «pueden ser más de 700» en los tres territorios de la comunidad autonómica. Pero los mismos medios insisten en que muchos de estos chicos cambian de actitud cuando van cumpliendo años. Muchos «son jóvenes con estudios» pero «con un gran sentimiento de frustración», explica Charro. Gran parte de estos chicos consideran que la vida no les recompensa todos los esfuerzos que han realizado ellos y sus familias y se han visto abocados a trabajos cualificados pero con sueldos muy bajos. En parte es por eso –apuntan los expertos– que se agarran a cualquier causa que les ayude a canalizar sus frustraciones.