El entorno de los presos de ETA pide al PSE que evite «prejuicios» y sea «creativo» para facilitar su excarcelación

La asunción de las políticas de memoria por parte del PSE ha supuesto un cambio en el relato que se ofrece desde el Gobierno vasco. Sin censurar de forma drástica el trabajo realizado durante los últimos años, los socialistas consideran que se debe profundizar más en las tareas de deslegitimación del terrorismo. Unas diferencias que se escenificaron de forma clara a mediados de julio.

Las declaraciones de San José fueron respondidas solo unos días después por Jaime Tapia. Quien fuera el principal asesor penitenciario del Gobierno de Iñigo Urkullu recalcó que los miembros de la organización terrorista a los que se les concede el tercer grado lo hacen ya mostrando «empatía con las víctimas», que «en cierto sentido se ha logrado el arrepentimiento» y que «no hace falta humillar» a los presos de ETA.

El debate se ha calentando más durante las últimas semanas después de que los principales colectivos de víctimas hayan denunciado la proliferación de mensajes de apoyo a los miembros de ETA en las diferentes fiestas que se están celebrando en Euskadi y Navarra.

La comparecencia en San Sebastián de los responsables de Sare, encabezados por Joseba Azkarraga, buscaba ofrecer una radiografía de la situación de los presos de la banda, pero también un análisis de la gestión del Gobierno vasco desde que en 2021 asumió la transferencia de Prisiones y lo que esperan del equipo de San José.

Respecto al mapa general, la plataforma señala que en estos momentos hay 148 miembros de ETA en prisión, de los cuales 142 están en Euskadi y Navarra y solo media docena en Francia. El colectivo denuncia que varios superan los 70 años e insistió en la necesidad de aplicar una política penitenciaria «normalizada».

La clave está en la concesión de las progresiones de grado. Aunque los informes los elaboran las Juntas de Tratamiento de cada centro, compuestas por especialistas de diferentes áreas, el aval a esas solicitudes lo tiene que dar el Gobierno vasco. Según los datos de Sare, desde agosto del año pasado se han aprobado 32 progresiones de grado, de las cuales solo seis han sido recurridas por la Fiscalía. La última palabra la tiene la Audiencia Nacional.

Concesión de permisos

¿A qué se refiere Sare con la búsqueda de «soluciones creativas» y «actitudes proactivas»? Azkarraga, que considera «positiva» la relación con el equipo de Tapia, no especificó ni aludió a las peticiones de San José para que las muestras de arrepentimiento de los presos de ETA sean más contundentes. Sí reclamó que de lo que se trata es de «avanzar», e insistió en la derogación de lo que califica como «leyes de excepción»; por ejemplo, el «no cómputo de las penas cumplidas en otros estados». Una medida que afecta sobre todo a los etarras condenados en Francia. Pero más allá de esas modificaciones, que deben ser ratificadas en el Congreso, Sare considera que el nuevo equipo socialista tiene margen de maniobra para ser más «audaz».

La plataforma de Azkarraga pone el foco en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a los presos salir durante el día para trabajar o formarse y que, en la práctica, funciona casi como un tercer grado, y en la aprobación de los permisos ordinarios de dos días, «cuya competencia es exclusiva de la Administración vasca».

Porque para Sare el Derecho «no puede ser utilizado para impedir que las personas en prisión puedan evolucionar en su situación carcelaria» porque «un enroque judicial que vulnera los derechos no coadyuva para nada en mitigar el dolor de nadie». «No puede haber satisfacción de las víctimas fuera del Derecho», ha asegurado.