Empresarios y sindicatos critican el decreto del euskera por no adaptarse al mapa sociolaboral

La entidad ha emitido un dictamen en el que se muestra muy crítica con algunos de los elementos nucleares de una normativa que establecerá las pautas para garantizar la comunicación y la prestación de servicios en lengua vasca de las administraciones con la ciudadanía y, también, los requisitos que deben cumplir los empleados para hacerlo posible. Según el CES, el Ejecutivo autónomo trata de imponer un ritmo «muy acelerado» para alcanzar ambos objetivos, lo que puede resultar contraproducente para los trabajadores y también para las empresas.

El decreto que ultima el Gabinete de Iñigo Urkullu es inusual porque ha sido redactado por seis departamentos –Vicelehendakaritza, Gobernanza Pública y Autogobierno, Educación, Salud, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y Cultura y Política Lingüística– y verá la luz con la firma de los responsables de esas consejerías y del propio lehendakari. El texto ha entrado en la última fase de su tramitación y, aunque sí es preceptivo pero no vinculante, el termómetro del CES tiene un peso considerable porque es el máximo órgano de participación de los agentes sociales y económicos del País Vasco. La pluralidad de sus miembros suele alumbrar informes medidos hasta la última coma para que se sientan todos identificados con los matices de su contenido, pero esta vez las conclusiones son contundentes a pesar de abordar un tema tan sensible y en permanente debate.

En sus consideraciones generales, el Consejo advierte de que la velocidad con la que el Gobierno vasco quiere implantar los cambios para fomentar el bilingüismo en la plantilla del sector público –«y el cuidado de los tiempos nunca es cuestión menor, menos aún en este asunto»– lastrará el atractivo «de nuestras entidades» para el talento foráneo o propio no vascoparlante en determinadas actividades especializadas. Y cita en este contexto a modo de ejemplos la investigación, la docencia en niveles superiores y la medicina, sin descartar otros ámbitos.

«El nivel de euskera exigido –se subraya en el dictamen aprobado por mayoría el pasado 26 de julio– no es siempre el ajustado a la realidad sociolingüística (de cada puesto y territorio), lo que dificulta tanto el acceso como el desarrollo de una carrera profesional de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicos».

Proceso de diálogo

La magnitud de las medidas que propugna el decreto lo demuestra el hecho de que su aplicación no sólo afecta a los empleados de las administraciones y empresas públicas, sino también a quienes prestan sus servicios en firmas subcontratadas por ellas. En este sentido, el CES avisa de que el decreto coincide temporalmente con «un cambio de paradigma» en el mercado laboral que no se ha tenido en cuenta por los redactores del decreto y que puede ser determinante a medio plazo.

«Desde altas tasas de desempleo –se argumenta en el dictamen– transitamos velozmente hacia un invierno demográfico en el que la presencia e inclusión en nuestro mercado de trabajo de población inmigrante (que representa el 11,5% de nuestra población, según datos de 2022) es una realidad que ha llegado para quedarse y supone una importante aportación en nuestra sociedad y en nuestras empresas».

Prescindir o no valorar este contexto, añade el informe, sería estar ajeno a la realidad y se generarían «efectos perniciosos, agravando las dificultades ya existentes para encontrar a las personas que necesita nuestro sistema productivo». El CES vasco considera imprescindible que el Ejecutivo de Vitoria impulse un proceso de diálogo con todos los agentes implicados.