El empresario que plantó cara a ETA
El 8 de agosto de 2000 ETA asesinó a Joxe Mari Korta, presidente de Adegi, un mes después de que la asociación llamara públicamente a no pagar el 'impuesto revolucionario'
Miguel Ángel Mata
Sábado, 8 de agosto 2020
Pocos lugares hay que al primer golpe de vista revelen de manera tan fiel lo que ha supuesto ser empresario en la Euskadi atormentada por ... ETA como la entrada a las instalaciones de Construcciones Mecánicas Lazpiur, en Bergara. Como tantas otras, una compañía familiar fabricante de máquina-herramienta. Tras superar la puerta que da a la calle se accede a un reducido espacio cerrado de unos 12 metros cuadrados. De frente, otra puerta, opaca, el acceso real a la empresa, que solo se abre desde el interior. En la pared derecha, un pequeño ventanuco, también opaco, por el que tras llamar a un timbre asoma la cabeza de la recepcionista.
Una recepción bunkerizada a la que siguen cámaras en cada esquina de la fábrica que no dejan ningún rincón oculto. Medidas extremas de seguridad para unas instalaciones que han soportado más de un artefacto explosivo y el intento de asesinar a tiros a uno de sus trabajadores, y que explican por sí solas cómo ha sido durante cuatro décadas el día a día de miles de emprendedores vascos que cada mañana debían preocuparse no solo de la marcha de sus negocios, sino también de salvaguardar sus propias vidas, las de sus familias y las de sus trabajadores.
Extorsión, secuestros, asesinatos... Los empresarios constituyen uno de los colectivos que más ha sufrido el terrorismo. Y en la inmensa mayoría de los casos lo hicieron en silencio, solos, sin dar a conocer que eran chantajeados y amenazados. Por vergüenza. Por miedo. Por falta de comprensión y apoyo institucional... Y social. A veces era el entorno de la propia ETAel encargado de hacer público el chantaje. Pintadas en las paredes, pasquines por el pueblo, referencias en medios de comunicación afines... Presión al límite.
La gran mayoría se resistió. No pagó el llamado 'impuesto revolucionario'. Y a pesar de las amenazas, de tener que extremar las medidas de seguridad, de dejar el pueblo y mudarse a la ciudad para pasar desapercibido, continuó. Levantando la persiana cada día.
El día que alguien dijo basta
13 de julio del año 2000. Siete meses después de que ETA diese por finalizada su tregua más larga, 440 días que siguieron al Pacto de Lizarra, la Diputación de Gipuzkoa y la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (Adegi), se plantan y llaman públicamente a los empresarios a no ceder al chantaje. Era el primer pronunciamiento público y tajante respecto de una situación conocida por todos pero a la que apenas se daba visibilidad.
El diputado general de Gipuzkoa, Román Sudupe, y el presidente de Adegi, Joxe Mari Korta, fueron los encargados de dar el paso. El momento no era gratuito.
La extorsión no había cesado con la tregua, y con la vuelta a la actividad armada se había intensificado. El empresariado vasco se enfrentaba a una «oleada» de cartas amenazantes exigiendo la «aportación económica». En paralelo, ETA practicaba una campaña de acoso directo al colectivo, con la colocación en los días previos de un coche-bomba frente a la casa de un miembro de una conocida familia industrial, en Getxo, y otro artefacto en Ordizia bajo el vehículo de un pequeño empresario, que falló y permitió salir ilesa a la hija de éste, que ese día conducía el coche.
Cuando Korta pidió públicamente a sus compañeros que no pagaran el 'impuesto', una extraña sensación se extendió entre sus allegados. Años más tarde, su hermana Itziar admitiría que al escucharle lo primero que pensó fue 'kontuz ibili, Joxe Mari' (ten cuidado).
Un mes más tarde, el 8 de agosto, el cuerpo de Korta yacía ante la puerta de su empresa, en Zumaia, tras explotar un coche-bomba accionado a distancia cuando se disponía a entrar en la fábrica.
El asesinato visualizó la imagen de los empresarios como víctimas de ETA, aunque aún hoy no tengan esa consideración, salvo los damnificados 'físicos'. Korta se convirtió en un símbolo de la lucha contra la extorsión. Entre tantos héroes anónimos que resistían en silencio, él había dado la cara. «Se enfrentó a ETA por todos nosotros y por eso le mataron», resume Miguel Lazpiur, exdirector general de la empresa que lleva su apellido.
Lazpiur estaba en el consejo rector de Adegi en aquel momento. Comprometido como el zumaiarra con el desarrollo de Euskadi y el empleo, lejos de amilanarle, el crimen le impulsó a defender con más ahínco a sus compañeros. Fue vicepresidente de la patronal guipuzcoana, en 2005 fue elegido presidente de la vasca Confebask, y entre 2008 y 2011, fue vicepresidente de la española CEOE.
La 'curva de la intimidación'
Recibió cartas de extorsión durante 17 años. La primera, en 1990. «Nunca pagué», sentencia. Y no porque no tuviera miedo. Recuerda que no tuvo oportunidad de esconder la situación porque fue su mujer la que abrió la primera misiva. «Pensé que se olvidarían de mí. Pero no. A los dos meses llegó otra con una amenaza mayor. En la siguiente ya me avisaron directamente de que era un objetivo».
Es lo que la socióloga, politóloga e investigadora Izaskun Sáez de la Fuente denomina la 'curva de la intimidación'. «La primera carta, escrita incluso en tono amable, animaba a contribuir económicamente a la liberación de Euskal Herria. La segunda ya tenía un tono más amenazante. Y la tercera o cuarta ya te situaba como objetivo, e incluso llegaba con el remite de algún familiar para dejar claro que tenían identificados a los seres queridos». Sáez de la Fuente fue la coordinadora de 'Misivas del Terror', la mayor investigación sobre el fenómeno de la extorsión de ETA tras haber entrevistado a 66 afectados.
A partir de la primera recepción, el sentimiento de culpa. «El aludido se encuentra ante la tesitura de pagar para salvaguardar el bienestar de su familia sabiendo que ese dinero se destinará a atentar contra otros, o no pagar poniendo en riesgo a sus seres queridos». Una lucha interna «en la que sea cual sea la decisión final, hay consecuencias», remata la socióloga.
Es una de las perversiones morales que logró inocular ETA en la sociedad vasca, junto a otras como el 'por algo será' que llegó a extenderse para explicar los asesinatos.
Además de diputado general, Román Sudupe era amigo personal de Korta, a quien conocía desde hacía 30 años. Aún hoy dice seguir teniendo el «sentimiento de culpa» que ya expresó entonces por haber «impulsado» a Adegi a enfrentarse públicamente a la extorsión. Afirma que con Korta ETA dio un «nuevo salto cualitativo» en su estrategia de socializar el terror. «Sabían a por quién iban y el miedo que meterían en el cuerpo al resto de empresarios», remarca.
Tareas pendientes
Al exdirigente del PNV siempre le acompañará su frase «han matado a uno de los nuestros», por la que ya pidió perdón si pudo ofender a alguien, aunque insiste en que lo que quiso decir fue que «ETA había decidido ya que podía matar a cualquiera, independientemente de su ideología o profesión», y que con Korta atacaban también al PNV tras la ruptura de Lizarra.
Con ETA ya desaparecida, Sudupe lanza un recado a la izquierda abertzale: «Tiene dos tareas pendientes, la autocrítica política de lo que supuso ETA, y asumir su responsabilidad por la pérdida de valores que transmitió a la sociedad. En tanto no condenen aquello y reconozcan la primacía de la vida como valor esencial, algunos seguiremos pensando que el fin de la violencia ha sido un movimiento táctico para la propia supervivencia de la izquierda abertzale, y no ético». «Burua lehengo lepotik daukatela oraindik», zanja con un dicho en euskera que viene a decir que se sigue siendo el de siempre y no se ha cambiado.
En la misma línea, Sáez de la Fuente echa en falta una «autocrítica» de quienes «legitimaron, apoyaron y se beneficiaron» de la extorsión. Porque, explica, «esta no habría podido triunfar sin la complicidad explícita del sector político y el entramado social de la izquierda abertzale».
En 2020, en la Euskadi sin terrorismo, empresarios como Lazpiur pueden dedicarse a actividades vetadas durante años. Como ir a una sidrería con amigos, algo que no había hecho «desde hacía 40 años» y que retomó en marzo. Mala fortuna, en esa salida se contagió de coronavirus, lo que le tuvo en el hospital un mes «con pocas opciones de salir adelante», revela.
Ya recuperado y jubilado, echa la vista atrás y cree que «a ETA le derrotamos los empresarios que nos quedamos aquí;querían parar el país pero no lo consiguieron». Reflejo de esa «victoria» será la remodelación tras el verano, dos años y medio después de la desaparición de ETA, de las instalaciones de Lazpiur, que dotarán a la empresa de una recepción como la de cualquier otra compañía. Tras tantas amenazas y con su última hospitalización aún presente, no duda en resumir su vida con un contundente «soy un superviviente».
«Fue un salto cualitativo; sabían a por quién iban y el miedo que meterían en el cuerpo al resto de empresarios»
Román Sudupe - Ex diputado general de Gipuzkoa
«La extorsión no habría podido funcionar sin la complicidad explícita del sector político y el entramado social de la izquierda abertzale»
Izaskun Sáez De la Fuente - Politóloga investigadora
«Joxe Mari se enfrentó a ETApor todos nosotros y por eso le mataron; querían parar el país, pero no lo consiguieron»
Miguel Lazpiur - Empresario
Más de 10.000 cartas y 150 millones del chantaje
Resulta imposible conocer el número exacto de empresarios que sufrieron el chantaje de ETA. El dato más fiable es el que comprende el periodo 1993-2008, en el que se contabilizan más de 9.000 personas. Abarca desde el momento en que la organización terrorista informatiza el proceso y, por tanto, quedan registrados los objetivos, hasta que la Policía descifra sus códigos alfanuméricos tras desmantelar las redes de extorsión.
Desde entonces hasta 2011, cuando ETA anuncia el cese de su actividad, se calcula que pudo haber entre 1.000 y 5.000 más. Y es solo la punta del iceberg, ya que se desconoce a cuántos empresarios se reclamó el 'impuesto revolucionario' antes de 1993. Una práctica cuyo origen se ha atribuido a ETA-pm en 1975, pero que, según Josu Ugarte, fundador de Bakeaz y coordinador del estudio 'La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial', surgió en 1970 de la mano de Xabier Zumalde, 'El Cabra', primer jefe militar de ETA, quien mediante una veintena de cartas a empresarios de la zona de Oñati, Bergara y Arrasate, les exigía 2.000 pesetas por cada trabajador contratado.
Más difícil aún es saber cuánto recaudó ETA a través del chantaje. Un estudio del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto habla de cerca de 150 millones de euros, en cifras actualizadas. La banda habría obtenido 106 millones a través de secuestros, unos 21 mediante cartas de extorsión y más de 19 millones por atracos.
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