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El 1-O, el día posiblemente más complicado para la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F de 1981, está respondiendo fielmente a lo esperado.

La Generalitat ha conseguido que decenas de miles de personas se acerquen hasta los colegios electorales a votar, en el caso de Barcelona bajo una molesta lluvia. Mientras el Estado se esfuerza para que el referéndum no sea tal, tumbando el sistema informático de votación universal habilitado a última hora por el Govern y utilizando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para ir retirando urnas y papeletas de los colegios que pueden, ante la pasividad de los Mossos.

En resumen, tanto el Govern Puigdemont como el Gobierno Rajoy han conseguido a estas horas las imágenes que de alguna forma deseaban. El primero la de miles de catalanes votando pese a la esperable represión policial. El segundo, la de las fuerzas y cuerpos de seguridad esforzándose por impedir un referéndum ilegal.

Es la batalla por la imagen que se preveía en estas primeras horas. La pugna para que las fotos, las imágenes más favorables a cada parte sean las que ilustren los digitales de los periódicos durante toda la mañana y los informativos de televisión de este mediodía.

Puede que sentimentalmente resulten más efectistas las cargas policiales que han dejado algunas decenas de heridos y que ello confiera una cierta ventaja emocional al independentismo. Pero volvemos encontrarnos ante un empate inútil que no sirve, al contrario, para resolver el problema político catalán.

Hoy se está votando a orillas del Mediterráneo. En general con enorme civismo. Y con una enorme carga de emotividad en muchas personas, como sucedió en la seudoconsulta del 9-N de 2014. Todo ello es cierto.

Pero esto no es un referéndum ni nada que se le parezca. Porque carece de todos los requisitos necesarios para ser considerado como tal.

Con estos mimbres, sean cuales sean los resultados que anuncie esta noche la Generalitat carecerán de la mínima credibilidad. Porque la credibilidad exige respeto a las leyes y aquí no se han respetado ni siquiera la Constitución ni el Estatut.

A partir de aquí veremos qué camino toma el movimiento secesionista. La dirigente de la CUP Anna Gabriel se ha apresurado esta mañana a reclamar que el Parlament proclame la próxima semana al independencia. Del todo previsible. Puigdemont y Junqueras tienen en unas horas la palabra. ¿Meter el freno de mano? ¿Seguir adelante? ¿Pedir algún tipo de mediación internacional?

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