Las discrepancias entre partidos y la carrera electoral complican el pacto educativo vasco

El acuerdo sellado el pasado abril en el Parlamento vasco, que concitó el apoyo de 68 de los 75 legisladores vascos, sentó las bases para la escuela vasca del futuro: un sistema plurilingüe con el euskera como «eje», que refuerce el papel de la red pública, que ponga coto a la segregación por motivos socioeconómicos y que elimine las cuotas encubiertas en los centros concertados. En definitiva, líneas generales que todos los firmantes siguen compartiendo, pero cuya traslación a un texto legislativo está siendo una tarea intrincada. Valga como muestra que la intención del Gobierno vasco era remitir el proyecto de ley al Parlamento en octubre, algo que no ha sucedido.

Fuentes oficiales del Departamento de Educación sostienen que el plazo previsto pasa ahora por «el primer trimestre» del año. Por tanto, el límite estaría a finales de marzo. Para entonces el equipo del consejero Jokin Bildarratz confía en haber hallado un punto de equilibrio que despeje después la tramitación parlamentaria, en la que se podrán incorporar cambios. Un proceso que, en todo caso, será una carrera de obstáculos. La Cámara autonómica paralizará su actividad en Semana Santa y en julio y agosto, además de otros dos parones durante las campañas de las municipales y forales en mayo, y las generales, previstas para final de este mismo año.

El factor electoral no sólo dilatará los plazos, sino que también provocará que broten las diferencias ya existentes. Las más explícitas, las de Elkarrekin Podemos-IU, que ha llegado a acusar al Gobierno vasco de «romper» el pacto con decretos y órdenes «contrarios al espíritu» del texto, como la renovación de los conciertos educativos y el propio anteproyecto de la ley, dado a conocer en septiembre. La coalición morada prepara desde hace meses el terreno para descolgarse de la futura norma, cada vez más convencida de que no recogerá una prioridad efectiva de la escuela pública y consciente de que puede hacer bandera de su desmarque frente a un rival directo en los comicios como EH Bildu, que reivindica el papel de las ikastolas concertadas.

Con Podemos prácticamente fuera de juego, el Gobierno vasco se esfuerza por blindar el acuerdo entre PNV, EH Bildu y PSE-EE, que suman el 83% de la representación parlamentaria. Educación mantiene contactos bilaterales, por separado, con todos ellos y la pasada semana Eneko Andueza, líder de los socialistas, admitió «avances por el buen camino». Sin embargo, aún no se ha resuelto uno de los principales puntos de fricción que amenazan el entendimiento: el modelo lingüístico. El pacto de abril planteaba un proyecto plurilingüe, con el euskera como «eje» y en el que los estudiantes deberían acreditar un nivel B2 de esta lengua al finalizar Secundaria.

Lo que no desarrollaba el texto era la forma. Ni siquiera había referencia alguna al actual sistema de modelos (A, B y D) o a un hipotético salto hacia la inmersión. Éste es el campo en el que más chocan EH Bildu, partidario de hacer del euskera única lengua vehicular, y PSE-EE, que apuesta por el trilingüismo junto al castellano y el inglés. En medio, el PNV trata de hacer de puente entre su socio de coalición en el Ejecutivo autonómico y la principal fuerza de la oposición, sin cuyo concurso -la formación abertzale aporta 21 escaños- quedaría cojo uno de los cinco «pactos de país» que Iñigo Urkullu planteó en septiembre.