La consejera de Justicia releva a su tercer alto cargo en apenas diez meses de gestión

Álvarez Ereño, natural de Barakaldo, es historiador y regresará a su trabajo de profesor de Secundaria. Su puesto lo asumirá Ainhoa Zugasti, extécnico de Gogora y actualmente asesora jurídica en la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas. El cargó de Retortillo lo ocupó Arritxu Marañón, que hasta entonces era juntera del PSE-EE en Gipuzkoa.

El área de Justicia y Derechos Humanos no es una más y estos dos ceses consecutivos no pasan desapercibidos. Hubo una tercera salida, en noviembre, la de Juan Carlos Romero, que estaba al frente de Aukerak, el ente que ofrece oportunidades laborales a los presos. El departamento, una de las grandes reclamaciones de los socialistas en su negociación para configurar el Ejecutivo vasco, pasó del PNV al PSE. A las consejeras jeltzales Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa las relevó la socialista María Jesús San José. Ninguna de las tres lo ha tenido fácil. Por sus manos pasan asuntos tan delicados como las políticas de memoria en plena batalla del relato; la gestión de las prisiones vascas, cuya transferencia se consumó en 2021; los terceros grados a presos de ETA -que las víctimas denuncian como «fraudulentos» al no ver arrepentimiento-; y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, que dirige Alberto Alonso. Y todo ello en un momento cargado de susceptibilidades y cuando la aritmética parlamentaria del Congreso hace que Sánchez necesite el apoyo de EH Bildu.

Álvarez y Retortillo eran dos piezas importantes en el engranaje del departamento. Al director de Víctimas le correspondía el trato directo con los damnificados. Era su primer cargo público en primera línea. En el caso de Retortillo, por el contrario, fue consejero de Turismo entre 2016 y 2019 y candidato del PSE a la Alcaldía de Barakaldo.

Diferencias

Una portavoz oficial del área explicó a EL CORREO que el cese de Álvarez Ereño se enmarca en la «normalidad» y se debe al propio cambio en la viceconsejería, donde Arritxu Marañón quiere configurar su equipo. Otras fuentes apuntan a una «falta de sintonía personal» que estaría detrás de algunas de estas salidas.

En el trasfondo de lo que algunos interpretan como una crisis del Departamento parecen atisbarse algunas diferencias en la toma de decisiones. No todos los que conformaron el equipo inicial de San José comparten las medidas tomadas en relación a los presos de ETA en su acceso al tercer grado, un asunto sobre el que las asociaciones de víctimas, como Covite y la AVT, son muy críticas. La primera siempre ha denunciado que no pueden estar arrepentidos quienes no se distancian de Sortu y la segunda, en la última tanda de progresiones, llegó a hablar de «indultos encubiertos». La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que venía dándoles luz verde, ha tumbado algunos de los últimos expedientes.

También se han generado tensiones con motivo de los segundos grados que han sido flexibilizados -mediante el artículo 100.2 del reglamento penitenciario- para que una veintena de reclusos de ETA salga unas horas de prisión. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, declaró ayer que lamenta «mucho el cese de Jagoba Álvarez». Por su parte, el parlamentario del PP Santiago López calificó de «gravísima» la situación en el Departamento y destacó que «los ceses se producen después de que la Fiscalía recurra terceros grados de presos de ETA».

La sucesora de Álvarez, Ainhoa Zugasti, es licenciada en Derecho y tiene un máster en Acción Internacional Humanitaria. Fue asesora jurídica en el Ayuntamiento de Mungia y en Gogora, donde también ocupó el cargo de responsable de Administración y Servicios. Actualmente ejercía de asesora jurídica en la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco.