La ONU dictamina que el etarra Lupiáñez fue torturado

Lupiáñez, en una foto de archivo. /
Lupiáñez, en una foto de archivo.

El Comité de Derechos Humanos insta a España a reparar al demandante y a acabar con las detenciones en régimen de incomunicación

A. G.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el etarra Gorka Lupiáñez, condenado el pasado abril a 50 años de prisión por el secuestro en Francia de una pareja española y su hijo de 4 años para robarles la autocaravana y por otros delitos vinculados a su actividad terrorista, sufrió torturas durante su detención en régimen de incomunicación en 2007. Según una declaración emitida por esa instancia en Ginebra, formada por 18 expertos independientes, «España ha violado los derechos humanos» de Lupiáñez, por lo que instó al Estado a garantizar justicia y reparación para el demandante. Asimismo, pidió el cese de los arrestos incomunicados, «que crean un contexto más propicio a la tortura».

Lupiáñez, que ya en 2009 había sido condenado a 11 años de prisión por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y delito continuado de falsedad de documento oficial, denunció al Estado español ante este comité de Naciones Unidas en junio de 2015. Según su testimonio, agentes de la Guardia Civil le detuvieron en diciembre de 2007 en Berriz al comprobar que iba armado con un revólver, y fue sometido a torturas y malos tratos durante ocho días tanto en el cuartel bilbaíno de La Salve como en la Dirección General del instituto armado en Madrid y en los traslados. Lupiáñez dijo haber sufrido palizas, pinchazos en la columna vertebral, intentos de ahogamiento con bolsas de plástico, privación de sueño, amenazas de muerte y otros abusos.

La Guardia Civil defendió en su día que estas denuncias eran falsas y un recurso habitual entre los etarras detenidos, el mismo argumento esgrimido por España en su calidad de demandado. El miembro de ETA llevó su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió «no admitir» su demanda, por lo que España pidió al Comité que procediera de igual manera. Según su versión, Lupiáñez fue «tratado de forma correcta» y «reconocido a diario por un médico forense»; su denuncia carecía de un sustento creíble, ya que las prácticas brutales que alegaba no correspondían «ni siquiera de forma indiciaria» con cualquier síntoma descrito tras los exámenes médicos.

Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos admitió el testimonio de Lupiáñez y recordó ayer que «la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional», en palabras de la experta Tania Abdo Rocholl. El grupo de expertos también instó a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial, y pidió a España que tome medidas legislativas para poner fin a la detención incomunicada. El Comité dio a España un plazo de 180 días para que le informe sobre las medidas que va a tomar en respuesta a su dictamen.