Dialoguen y pacten

El problema catalán no debe ser resuelto por los jueces, sino desde la política

PEdro Sánchez y Quim Torra./AFP
PEdro Sánchez y Quim Torra. / AFP
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

El lunes el presidente Pedro Sánchez recibía en La Moncloa al president Torra para mantener un encuentro de más de dos horas, donde se quiso escenificar el inicio de una nueva fase basada en el diálogo y la distensión para tratar de ofrecer desde la política una salida a un problema que es de naturaleza eminentemente política, aunque haya hechos que deban ser estudiados y examinados en sede judicial. No estamos ante un problema que deba ser resuelto por los jueces. El encuentro ha sido saludado desde amplios y diversos sectores, que entienden y defienden que el llamado 'problema catalán' pasa inequívocamente por la negociación política, el acuerdo y la ratificación del mismo por los catalanes. Sin embargo, tiene también sus enemigos añadidos, que se localizan tanto en el irredentismo catalanista como en el españolismo uniformizador, basado en la sagrada unidad de la patria, cuya indivisibilidad no se fundamenta en la voluntad de los ciudadanos sino en un mandato dado por alguien.

Al día siguiente, el martes, el juez Llarena dio a conocer el auto de conclusión del sumario, donde ratifica el procesamiento contra seis diputados independentistas y se comunica la 'suspensión temporal en sus funciones'. Esta decisión ha disgustado a quienes defienden la prevalencia de la política para poder avanzar en un proceso de distensión y ha alegrado a los radicales. Ciertamente la decisión de Llarena es muy discutible. No solo por la 'sugerencia' que hace al Parlament sobre la 'suspensión temporal', figura inexistente en la Ley Electoral y en el Reglamento del Parlament, sino también porque conforme a esta última norma, la institución parlamentaria no tiene soporte jurídico donde apoyarse para acordar la suspensión temporal. Junto con la dificultad añadida que supone el hecho de que conforme al Reglamento la decisión de suspender de funciones a los diputados compete solo al Pleno, que requiere para su adopción de la mayoría absoluta.

¿Cómo se cumple la orden de Llarena si el Pleno no quiere acordar la suspensión de esos diputados? ¿Se imputa a todos los diputados que no voten a favor de la suspensión un delito de desobediencia?

Y para complicar más la semana, ayer conocimos la decisión de la Justicia alemana de autorizar la extradición de Puigdemont para ser juzgado en España solo por el delito de malversación, pero no por el de rebelión. Un nuevo varapalo para Llarena y para el Supremo, pues no solo se ha fracasado en la pretensión de conseguir la extradición para juzgar al expresident por rebelión, sino también, a la luz de los argumentos expuestos por el tribunal alemán, porque la acusación por este delito al resto de los procesados va a quedar muy devaluada y cualquier sentencia de condena calificando los hechos como rebelión será interpretada como la revancha de los tribunales españoles.

Hace pocas semanas escribía en esta misma columna sobre los obstáculos para el diálogo político, entre los cuales mencionaba que las decisiones de los jueces seguirán marcando la actualidad de Cataluña. Esta semana es buen ejemplo. Y ello nos ratifica en lo dicho al inicio; afirmar de nuevo que el conflicto catalán solo se podrá reconducir desde la política. No se trata de anular ni sustituir a los tribunales, pero las secuelas penales que resten de este conflicto, ésas también tendrán que ser abordadas desde la política. Dialoguen y pacten.

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