Covite pide no utilizar la condición de víctima en el juego político de los partidos

Mari Mar Blanco y Ángeles Pedraza conversan en un acto público /efe
Mari Mar Blanco y Ángeles Pedraza conversan en un acto público / efe

Aboga en una carta por la destitución de Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco de sus cargos públicos por su vinculación al PP

Lorena Gil
LORENA GILBilbao

Que el colectivo de víctimas del terrorismo es muy variopinto es casi una obviedad. Pero de un tiempo a esta parte se ha venido acentuando el papel político de algunos damnificados a raíz de su incorporación en listas electorales –especialmente numerosa en las últimas citas con las urnas– y en cargos de responsabilidad institucional nombrados a dedo. Si bien las víctimas están en su derecho de hacer política, este paso ha despertado los recelos de otras, que reivindican su independencia frente a posicionamientos partidistas.

Dos son los nombres que han saltado a la palestra en los últimas días, aunque el runrún llevaba ya tiempo escuchándose de puertas hacia dentro. Son los de Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco. Covite, cuya presidencia ostenta Consuelo Ordóñez, ha abogado hace solo 24 horas por la destitución de ambas de sus actuales cargos. Lo hizo por primera vez públicamente, a través de una carta abierta.Pedraza acaba de ser nombrada gerente del servicio de emergencias Madrid 112, tras su cese como comisionada para las víctimas del terrorismo del Gobierno de dicha Comunidad, mientras que Blanco ostenta la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Ambas forman parte activa del PP.

Ángeles Pedraza, cuya hija falleció en los atentados del 11-M, se retiró de la primera línea de la AVT en abril de 2016. Cercana a Cristina Cifuentes, todos los rumores apuntaban a su salto a la política de la mano del PP. Y así lo hizo. A principios de julio del pasado año su nombre empezó a sonar con fuerza después de que Ángel Garrido anunciara su nombramiento como comisionada para las Víctimas del Terrorismo de Madrid. En la carrera hacia el liderazgo del PP, Ángeles Pedraza se situó al lado de Pablo Casado. Su apoyo le valió un sillón en el comité ejecutivo nacional. Pero no fue tanto el salto a la política sino su cargo en el Gobierno de la Comunidad lo que despertó los recelos en diferentes colectivos de víctimas. La Asociación 11-M no escondió su malestar, pero también Covite. Aunque no se ha sabido hasta esta semana, el colectivo que lidera Consuelo Ordóñez, hermana del exconcejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, envió una carta a Garrido en la que le solicitaba la destitución de Pedraza al considerar que el cargo como comisionada debía regirse por «la independencia política y el consenso». Una semana después, el entonces presidente de Madrid deshechó la idea alegando la trayectoria «intachable» de la expresidenta de la AVT en la defensa de los derechos de las víctimas. Desde el pasado martes, Ángeles Pedraza es la nueva gerente de Madrid 112.

Desde Covite aseguran no sentirse «representados por aquellas víctimas que ocupan cargos de representación y gestión de nuestros derechos al mismo tiempo que militan y tienen cargos en partidos políticos». Hacen alusión a los puestos que ha ocupado Pedraza, pero también al hecho de que Mari Mar Blanco siga siendo presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo a la vez que participa activamente en actos del PP y es diputada del mismo. Blanco ocupa este cargo desde que como presidente del Gobierno Mariano Rajoy le situara en el mismo en 2012. Responsables de Covite ya le habían trasladado a título personal a ella lo que consideraban una «incompatibilidad ética». Pero no son el único colectivo que lo así lo piensa. Se da la circunstancia de que en las últimas horas el nombre de la hermana de Miguel Ángel Blanco ha empezado a sonar para el comisionado de apoyo a las víctimas de Madrid del que acaba de salir Pedraza, a cambio de que ceda su escaño en el Congreso. Dicha carambola política, ahora bien, no ha sido confirmada oficialmente.

Con su carta Covite quiere no solo critica este baile de cargos y pedir la destitución de Pedraza y Blanco, sino hacer «un alegato» en defensa de la «independencia política de las víctimas del terrorismo», al tiempo que lamentan que haya, dijeron, «quienes se presten a la utilización partidista de la causa». «Perjudican a todo el colectivo», reprochan.