Covite critica la concesión del tercer grado a «dos etarras que no están arrepentidos»

La principal asociación vasca de víctimas ha expresado su «decepción» con la consejera socialista, que prometió en el Parlamento vasco el miércoles «un cambio en la política penitenciaria con respecto a la gestión del PNV». Además de Harriet Iragi, condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía -José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos-, Covite ha señalado que también se ha progresado a Luis Mariñelarena Garciandía, que participó en el atentado con coche bomba que acabó con la vida de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza.

Según Covite, «ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el arrepentimiento por sus crímenes». Han recalcado que ambos presos de ETA «son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente Sare pero también por el propio Sortu, en sus manifestaciones exigiendo su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos». Según la presidente de Covite, Consuelo Ordóñez, «es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley». También ha recordado que «los dos han sido jaleados durante varias fiestas populares en un verano en el que en Covite hemos documentado 71 actos de apoyo a ETA en el espacio público».

Ordóñez ha expresado su «decepción total» con la nueva consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco porque «teníamos esperanza de que su intención de revertir esta política fraudulenta con los terceros grados que llevaba el PNV fuera sincera. Nuestra sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que están haciendo exactamente lo mismo que hacía el PNV. Están jugando con un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho».

En Covite ya se mostraron críticos con que los Ejecutivos jeltzales, ya fuera con las consejeras Beatriz Artolazabal o con Nerea Melgosa, «sustentase el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en unas cartas manuscritas de los presos que supuestamente expresaban arrepentimiento y pedían perdón a las víctimas cuando los hechos siempre terminaban desmintiendo esas palabras». Para la principal asociación vasca de víctimas, «tal y como se demostró con la vía Nanclares, la única manera de que los presos de ETA puedan reparar adecuadamente todo el daño injusto que ocasionaron es haciendo manifestaciones públicas de rechazo a los crímenes que cometieron y a todo lo que supuso el terrorismo de ETA».

Por estos motivos, Covite reclama que «nos acrediten en qué han basado el arrepentimiento de estos dos presos de ETA a los que tan alegremente han concedido estas progresiones de grado. Esta es la primera vez que ni siquiera se nos han pasado las fichas con la información detallada, gracias a la cual Covite podía comprobar en qué basaban sus resoluciones». El anterior Ejecutivo comunicaba detalles de la situación del preso y los pasos que había dado a las asociaciones de víctimas.

Asimismo, la asociación que lidera Ordóñez ha criticado que «estas excarcelaciones encubiertas de presos de ETA se producen ante un silencio generalizado y atronador. Ningún partido político, ni los del gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas, excepto Covite, están diciendo absolutamente nada de este fraude». También han pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que «recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir», puesto que «claramente se han otorgado sin cumplir con los requisitos que para ello exige la ley».

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha presentado una pregunta a la consejera de Justicia, María Jesús San José, sobre el tercer grado concedido al preso de ETA Harriet Iragui condenado a un total de 128 años de prisión. En su pregunta para su respuesta en Pleno, Garrido señala que la consejera ha venido manifestando que en los expedientes que supongan la «semilibertad» de los internos se aplicarían «con rigor la legislación y garantías de la legislación penitenciaria y el cumplimiento de las sentencias». El PP quiere que explique qué «rigor y garantías hacen acreedor a Iragi del tercer grado».