Contraataque necesario

Pero, una vez superado el impacto del evidente varapalo, toca contraatacar. Explicarse y exigir explicaciones. Desde luego en lo judicial. Pero, además, en el terreno de la política, en el que hasta ahora Europa sí que había cerrado filas con España en torno al conflicto catalán.

El juez Llarena va a poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Objetivo? Que determine si el juez germano ha vulnerado el espíritu mismo de la euroorden al entrar a considerar las razones por las que el Supremo español se ha decidido a encausar al expresident catalán por rebelión.

Paralelamente, el Gobierno Rajoy parece haberse decidido, por fin, a alzar la voz. El titular de Interior, Juan Antonio Zoido, fue ayer contundente.

Zoido dijo que le gustaría que el juez germano le explicara «qué entiende por violencia» ya que ha considerado que no hubo la suficiente como para que se pueda juzgar a Puigdemont por rebelión. El ministro recordó lo sucedido ante la Consellería de Economía de la Generalitat, la destrucción de tres vehículos de la Guardia Civil y la evacuación de una funcionaria judicial por la azotea. Además de los escraches que sufrieron policías y guardias civiles en sus hoteles.

Pero Rajoy debe ir más allá. No puede permanecer callado cuando la ministra de Justicia germana, socialdemócrata, se permite aplaudir la actuación del juez de Schlewig-Holstein y por toda explicación un portavoz de su Ministerio habla de «malentendido». Ni que uno de los vicepresidentes del grupo socialdemócrata en el Bundestag compare el sistema judicial español con el turco.

El Tribunal Constitucional alemán dictaminó en enero del año pasado que ese invento nacionalista que llaman 'derecho a decidir' no existe. Y que, en consecuencia, el estado federado de Baviera, el más rico y poderoso del país, no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental del Estado germano.

«En Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución», sentenció el alto tribunal. «Por tanto -agregó- no hay espacio bajo la Constitución para que estados individuales intenten separarse».

¿Angela Merkel o su ministra de Justicia permanecerían impasibles si el Gobierno bávaro colocara urnas para que los ciudadanos del land decidieran si quieren escindirse? ¿Asistirían como a una película a la destrucción de coches de la Policía germana? Y, por fin, ¿se tomarían a guasa que el Ejecutivo bávaro declarara unilateralmente la independencia del land?

Esas son las preguntas que Rajoy debe plantear, y Merkel y los suyos responder. Y el PSOE de Pedro Sánchez respaldarle con claridad.