El Constitucional avala la amnistía partido en dos y Puigdemont lanza la batalla para volver

La sentencia del TC comandado por Cándido Conde-Pumpido, a partir de la ponencia propuesta por la vicepresidenta, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, y con el pleno de la institución partido en dos, permite al Gobierno y a sus aliados secesionistas superar el escollo de la constitucionalidad en el ordenamiento español. Pero no resuelve la situación de Puigdemont y del líder de ERC, Oriol Junqueras, a los que el Supremo ha negado la amnistía, basándose en la propia ley, al no considerar exonerable el delito de malversación que se les atribuye en la celebración del referéndum del 1-O.

Junts interpretó el veredicto como «una conquista» de la presión separatista, mientras incidía en sus críticas al Estado de derecho español y ponía el foco sobre el Supremo, sobre el que siembra dudas de prevaricación si se mantiene en sus trece de no amnistiar a Puigdemont. Su número dos, Jordi Turull, exigió al TC que imponga su criterio al alto tribunal aseverando que si España fuera una democracia plena, el expresidente catalán debería poder regresar desde Waterloo «esta misma tarde [por ayer]», con la orden de detención del juez Pablo Llarena retirada.

La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos a la ley solo supone una meta volante para el independentismo, que lleva semanas advirtiendo de que el fallo no tendrá «efectos automáticos»: Puigdemont, seguirá sin poder regresar a Cataluña y Oriol Junqueras continuará inhabilitado para presentarse a las elecciones. El aval del TC sí «abrirá el camino» para la aplicación completa de la amnistía, señalan en el independentismo.

El itinerario, describen las mismas fuentes, se prevé largo, hasta final de este 2025 como mínimo; es decir, dos años después de que el PSOE registrara en el Congreso la proposición de ley que cimentó la investidura de Sánchez. Nadie se arriesga, no obstante, a fija fecha. Después del aval inicial del TC, el segundo hito llegará el 15 de julio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que celebrará la vista sobre las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Superior de Cataluña y un juzgado de Vilanova i la Geltrú. Estos cuatro tribunales españoles acudieron a la corte de Luxemburgo para que resuelva si la ley de amnistía se adecúa o no al Derecho comunitario.

La sentencia europea se prevé para octubre. En ese momento, en el entorno de Puigdemont contemplan mover ficha. Con una sentencia del TJUE favorable, Puigdemont y el exconseller Toni Comín tendrán más fuerza para presentar un recurso de amparo al Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales, y para reclamar medidas cautelares a fin de que el tribunal presidido por Conde-Pumpio deje en suspenso la orden de detención del Supremo y el expresident pueda retornar.

Los recursos de amparo harán referencia directa, obviamente, a la aplicación de la amnistía. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, confió ayer mismo en que su patrocinado pueda comer el turrón en casa y sotuvo que solo un desacato del Supremo podrá impedirlo (aunque todo está a la espera de lo que determine el TJUE). El recurso de amparo ya se puede presentar en cualquier momento después de que este miércoles el alto tribunal rechazara un recurso de nulidad de la causa del líder de Junts. Boye pretende que el TC retire la competencia a la Sala de lo Penal, sentenciadora del 'procés', en el caso de Puigdemont y lo derive al Tribunal Superior catalán, que en algunos casos ya se ha mostrado favorable a aplicar amnistía en causas por malversación, a diferencia del criterio del Supremo.

El entorno del ex jefe del Govern sopesa otro escenario, más radical: que cruce la frontera y se presente en el juzgado de guardia, para comprobar si el magistrado de turno se atreve a enviarle a prisión, con la ley declarada constitucional por el TC y avalada, si es el caso, por el TJUE. Ocurra lo que ocurra, las fuentes próximas al líder de Junts creen que con la sentencia de Luxemburgo se cerrará todo el recorrido judicial en Europa y, según su pronóstico, el Supremo ya no podrá utilizar esta carta.